El problema de las mototaxis lo crearon los morenacos desde el sexenio estatal anterior, alegando que, cuando llegaran al poder, lo solucionarían como por arte de magia. Hoy que Morena tiene el control político en la entidad, empero, se han dado cuenta que es mucho más complejo de lo que creían; peor aún, ahora son los propios cuatroteros, lambiscones e incondicionales del indirato, los que ya vieron que no es lo mismo ser borracho que cantinero. Mejor ejemplo lo tenemos con el impresentable diputado Rubén Romo Ochoa, actualmente de pleito casado con la mazorquera Gris Celda Martínez, alcalde de Manzanillo.
Como quien dice, los morenacos crearon el monstruo y después se asustaron de su creación. Hay una definición más obscena para ilustrar mejor el tema, pero me abstendré de utilizarla para no herir susceptibilidades entre los menores de los 21 años de edad. El caso es que el legislador de marras, al referirse recientemente al tema, declaró que las mototaxis –o motos adaptadas— “ya representan un serio problema”. No conforme con gruñir lo anterior, el tipo tuvo ánimos para mugir también que “es un problema que se ha salido de control”, al hacer notar que accidentes ocurridos en esos trastos son cada vez más, especialmente en Manzanillo, de donde el tipo es originario y, por tanto, anda picando piedra.
En el sexenio de Nachito Peralta Sánchez se creó la Ley de Movilidad del Estado, en la cual se establece que está prohibido el uso de mototaxis en Colima como transporte público, ya que son inseguras, carecen de estabilidad, no cuentan con ningún tipo de protección para el usuario y el propio conductor y, en fin, son una amenaza rodante. La prohibición no es gratuita: estudios realizados en otras entidades federativas del país arrojaron como resultado que causan constantes problemas a los usuarios y hasta, incluso, se prestan para realizar actividades ilícitas con esos vehículos que no garantizan la seguridad de nadie.
En su momento, Rafael el Birrias Mendoza, a la sazón presidente municipal de Cuauhtémoc, se pasó la ley por el Arco del Triunfo y fue el primero en meter a dar servicio de transporte público a las mototaxis, donde se asegura que tenía muy fuertes intereses. Como quiera que sea, el mal ejemplo cundió y, a pesar de no ser él de extracción morenaca, varios alcaldes pertenecientes al partido de los nuevos ricos lo imitaron: introdujeron el servicio por sus pantalones –y sus faldas, por supuesto—, valiéndoles tres hectáreas de chorizo violar la ley de la materia, como es el caso de la edil porteña y Elías el Gusano de Queso Lozano Ochoa, de Manzanillo y Tecomán, respectivamente (y también reelectos ambos). Si bien el mal ejemplo de las mototaxis introducidas como transporte público fue del alcalde ex perredista y ex panista Rafael Mendoza, los morenacos trataron de presionar para que se aceptara como parte del servicio público en todo el estado de Colima: no sólo eso, sino que también convencieron a muchos trabajadores del volante que, encandilados con la promesa de unos cuatroteros que ya se sentían muy seguros de obtener el poder en los comicios del 2021, cayeron redonditos en las redes de leguleyos, tinterillos y chupatintas que les garantizaban un empleo seguro y formal, a pesar de que se violaba la Ley de Movilidad.
La necesidad es cabrona; por tanto, muchos desempleados aceptaron el reto de entrarle a trabajar con las mototaxis, a sabiendas de que era ilegal. Repito: la necesidad es la necesidad. En realidad, esas gentes estaban desesperadas y no pensaron en las consecuencias. Al final, los responsables fueron morenacos que los alentaron a meterse a trabajar a la brava y, más tarde, abandonarlos a su suerte, a pesar de haberles facilitado los vehículos para la tarea, aun cuando los mismos carecen de placas y permiso del estado de Colima, supuestamente donde prestan el servicio, pues las que portan son de Michoacán, de Guerrero, de Jalisco o de Zacatecas.
Hoy, cuando cree que del tema puede sacar raja política, el diputado Romo Ochoa se asusta del problema social que representan las mototaxis en Manzanillo, pero que se extiende a otros municipios de la entidad, donde la responsabilidad de ese yerro es de gente identificada con Morena. El sujeto, dizque muy preocupado, habla de entrevistarse lo más pronto posible con la subsecretaria de Movilidad del Gobierno del Estado, la impresentable Livier Rodríguez, para encontrar alguna posible solución, cuando es claro que esos vehículos no pueden ser incorporados al servicio de transporte público por ser inseguros para usuarios y conductores.
Y como es obvio que impresentables como Livier Rodríguez y Rubén Romo no sabrían qué hacer con las mototaxis, el autor de esta columna de culto aventura una posible solución: apoyar a los conductores de esos armatostes para que los empleen en transportar material para construcción (seis sacos de cemento pueden ser movidos, o 12 sacos de cal), repartir alimentos a domicilio, entregar medicinas adquiridas por la vía telefónica en las farmacias, etcétera. Lo importante es no permitir que el trabajador pierda su fuente de empleo, al cambiar sólo de giro, donde nadie más se pondría en riesgo por ser inseguras para movilizar humanos.
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