LA gota que derramó el vaso de la crisis laboral-operativa que se sufre en el Hospital Regional Universitario no fue la declaración de la gobernadora del estado sobre una situación que se vienen dando desde hace años en el hospital, sino lo que dijo el coordinador estatal del IMSS-Bienestar en el sentido de sugerir que trabajadores de la salud de este hospital estaban incurriendo en actos de corrupción al recomendar a pacientes y familiares que acudieran a la parte privada para adquirir medicamentos e insumos que ocupan para su atención. Tan es así que los propios trabajadores, con el apoyo de la sección 30 del SNTSA, han colocado mantas en el hospital en donde aclaran que no son responsables del desbasto de medicamentos e insumos y que lo que único que hacen es sólo informar a pacientes y familiares sobre lo que requieren para su recuperación y que no tienen, lo cual se viene dando desde hace años. Por ello, piden que le reclamen al coordinador estatal del IMSS-Bienestar (aunque se sabe que hasta han demandado su renuncia al cargo).
ESTE asunto ha sido como una tormenta perfecta porque el mismo día del comunicado del funcionario del IMSS-Bienestar, la gobernadora del estado había denunciado que algunos trabajadores del HRU estaban invitando a familiares y pacientes a adquirir medicamentos e insumos en la parte privada, cuando sí los había (por eso la aclaración válida de la propia mandataria de que no dijo que los trabajadores estaban incurriendo en actos de corrupción). Sin embargo, esta situación propició que brotara otro tema que se estaba manejando en forma discreta: la amenaza que recibió el subdirector del hospital por una supuesta mala atención en el nosocomio. Esto ha puesto en riesgo no sólo la seguridad del galeno, sino indirectamente la de todos los trabajadores del hospital porque no es la primera vez que el personal recibe amenazas, por lo que ya es hora de implementar nuevos y estrictos protocolos.
EL asunto ha escalado y ahora se estableció en el HRU la asamblea permanente, que promovió la sección 30 del SNTSA, lo que implican medidas que limitan más la atención en el hospital y obliga a la autoridad a realizar acciones para atender sus demandas, mismas que se centran en dos aspectos: aumento de medicamentos e insumos y garantizar seguridad a los trabajadores, las cuales se pueden satisfacer con una compra extraordinaria de medicamentos e insumos para aumentar el abasto de los mismos y con la revisión y modificación de los protocolos de seguridad que hay en el HRU y los demás hospitales.
El decreto del presidente de EU que considera como terroristas a 6 grupos de la delincuencia organizada de México y de otros países, permite al Departamento de Estado catalogarlos como una amenaza a la seguridad nacional de EU y, por tanto, actuar contra ellos con toda la fuerza en su frontera con México y en el territorio del vecino del Norte, aunque aquí nos quieren hacer creer que EU perseguirá a estos grupos delincuenciales en nuestro país. Por eso, dándose golpes de pecho, el gobierno de México habla de que defenderá la soberanía y la patria, cuando no hay ninguna amenaza en tal sentido. Lo que sí propiciaría esta medida es una disminución de compra de armas en EU por parte de estas organizaciones y del tráfico de drogas hacia EU, lo que hará cambiar la operación de estas agrupaciones, pues tendrán dificultades para comprar armas y para continuar con el tráfico de drogas hacia el vecino país del Norte. En todo caso, ese decreto sería benéfico para los mexicanos.
Y vean lo que le preocupa a Morena en este asunto: mientras que Morena en la Cámara de Diputados advirtió implicaciones económicas al país tras la designación de cárteles mexicanos como terroristas, la oposición pidió al Gobierno federal una estrategia concreta para combatir a los grupos criminales. Y es que Ricardo Monreal, coordinador de la mayoría morenista, apuntó que la denominación de terroristas tendrá consecuencias económicas que afectarán a los empresarios que tienen relaciones con México. Y fue más allá al decir que esta medida “Tiene repercusiones económicas, financieras, bancarias, dado que se afectará a muchas empresas honestas que están comercializando con México productos de origen lícito (…)”. En otras palabras, el gobierno y Morena tácitamente se pronuncian en contra de este decreto. Así que eso de que tal determinación es una amenaza a la soberanía de nuestro país es puro cuento; es más bien una amenaza a los carteles de la droga.
NOS parece justa y necesaria la protesta que realizan los médicos veterinarios por la violencia que ejercen contra el gremio. Y es que el Colegio de Médicos Veterinarios de Pequeñas Especies de Colima llevó a cabo un paro de actividades “en apoyo a nuestro colega Héctor, quien desafortunadamente perdió la vida por propietarios que llevaron su dolor a otros niveles”, expresó el dirigente de este gremio, Gerardo Gutiérrez. Añadió que la protesta busca generar conciencia sobre el esfuerzo médico y personal que las y los veterinarios realizan para salvar vidas, resaltando que, a pesar de su compromiso, hay situaciones que escapan de su control. “Nosotros hacemos todo lo posible para que los tratamientos resulten favorables. La medicina no es infalible, pero jamás es nuestra intención causar daño”, enfatizó (nos consta por experiencia propia). Y recalcó: las y los veterinarios estudian y trabajan para proteger la vida de los animales, no para lastimarlos, en lo cual estamos de acuerdo, sin dejar de señalar que hay algunos que tienen un comportamiento deshumanizado.
