balvanero@gmail.com / @Balvanero.B

No puede uno sustraerse al tema. Además, no es deseable.

La participación ciudadana tiene varios enfoques. Uno de ellos tiene que ver con la obligatoriedad, pero es, a la vez, también un derecho. Esta dualidad derecho-responsabilidad, garantías-responsabilidades.

Si vemos con detenimiento, nuestro actuar está inmerso en estas posibilidades. Hay que atender las responsabilidades y ejercer los derechos. Buscar el equilibrio, la justa equidad.

En el contexto que nos envuelve, de los procesos electorales, precampañas, intercampañas, campañas, precandidaturas, candidaturas (de partido, coaliciones o independientes), es menester distinguir.

Hay procesos alrevesados. Durante el proceso electoral todo lo quieren hacer, bueno casi todo, de cara a la ciudadanía: aspirantes, pre y quienes ya quedaron. Lo anterior implica promoción y publicidad electoral. Aunque no corresponda; he insistido que las precampañas no deberían ser a través de los medios masivos de comunicación sino por los canales internos de cada partido y coalición. Allí, en su interior -vacío o lleno-, que determinen y luego venga la propuesta “fortalecida, consensuada, en el proceso interno”, son nuestras propuestas.

Las precampañas de una sola candidata por coalición, por ejemplo, más huele a torcer la ley para tener exposición anticipada. Eso lo permite la legislación vigente, la avala el INE. No debería ser, pero es.

De acuerdo al Censo del 2020 (INEGI) había en el país 87.4 millones de personas de 18 años y más ese año; tomando en cuenta a quienes en ese año tenían 16 años, somos en el país, aproximadamente, 96.1 millones.

¿Qué espera uno de estos procesos de pasarela política? Conocer a quienes aspiran a algún puesto de elección; recibir las principales propuestas que atiendan las problemáticas imperantes; saber los qué, los cómo, los cuándo, los con qué, los para qué de esas propuestas; identificar plenamente a quienes aspiran a ejercer un servicio público, sin poderes que operen tras bambalinas; personas honestas, comprometidas, con dominio de las materias necesarias para ejercer el cargo al que aspiran. Puede usted aquí continuar la lista.

Al final de todo, estos grandes emisores de contenidos se vuelven hacia la sociedad toda -los mecanismos elegidos no permiten distinguir entre ciudadanía y la sociedad en general-, que se convierte en la gran audiencia de esos mensajes/promocionales electorales.

Es de esperar que todos esos constructos comunicativos cumplan con los derechos que las audiencias tienen reconocidos. No estaría nada mal, como propuesta, un curso sobre estos derechos (de las audiencias) a quienes diseñan y producen los distintos promocionales, y también a quienes los revisen o reciban las posibles quejas; de atenderse derivaría en otros contenidos, con otros enfoques.

Por lo pronto, somos ciudadanía en la mira de coaliciones y partidos; somos sujetos de caza electoral de votos, esperemos que no sea a costa de lo que sea, sino de propuestas.

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