Aunque no lo dijo con las mismas palabras, en el fondo el diputado panista Crispín Guerra Cárdenas resaltó la semana pasada lo que ya en esta columna de culto se había señalado hace poco: que el indirato ejerce una especie de omertá a la colimeña, es decir, existe un código del silencio en el que a todos los integrantes del chiquigabinete de vacilada del Gobierno del Estado se les obliga a observar ciegamente, igual que ocurre en la mafia siciliana. Mafiosos al fin de cuentas, los cuatroteros que encabeza la #GobernadoraAltozano dicen sin rubor: “Esto es cosa nostra”. Ajá: igualito que la Cosa Nostra de Sicilia.
De acuerdo con el World Book Dictionary, el significado de omertá es el siguiente: “Código de honor siciliano que prohíbe informar sobre los delitos considerados asuntos que incumben a las personas implicadas”. Trasladado a la forma en la que se maneja la administración de Indira Vizcaíno Silva, tenemos que igual se ejerce un código del silencio para no informar nada sobre los temas delicados a los que el indirato no le presta atención por lo incómodos o porque no le interesa tratarlos públicamente. Y si bien no se trata de delitos criminales sino de obras (pero igual: podría ser la configuración de un delito), no hay duda que el concepto vale para ambos casos.
¿A qué se refirió exactamente, durante su intervención en la sesión ordinaria de la semana pasada, el diputado Crispín Guerra? A que Morena y sus compinches en la LX Legislatura local, con la instrucción precisa del Ejecutivo, se sacaron de la manga un nuevo concepto que bien se podría añadir al catálogo de sandeces que no cumplen: “no mentir, no robar y no traicionar”. En efecto: a lo anterior ahora se puede agregar, al menos en Colima, otra vacilada más: “no preguntar”. ¿Por qué? Porque al indirato no le interesa responder a nada que le resulte difícil por lo incómodo que resultaría explicarlo.
Así, pues, para la glosa del informe de la Gobernadora Altozano, los legisladores morenacos y sus contlapaches sólo convocaron a comparecer a cinco secretarios del chiquigabinete de vacilada (por cierto, uno de ellos, el de Seguridad Pública, a regañadientes), dejando a salvo a varios cuya presencia resultaba fundamental para aclarar dudas y sospechas. ¿Por qué razón? Porque el indirato considera menores de edad a los diputados de oposición y a los colimenses, a los que –en el fondo— desprecia, pues al no haber estado obligados a asistir ante el Congreso la mayoría de los funcionarios de primer nivel, nunca tendremos información sobre temas importantes que requieren ser conocidos por todos.
Eso es a lo que el diputado Crispín Guerra señala como otra frase más para ser agregada al catálogo –no decálogo— de las cretinadas cuatroteras: la del “no preguntar”. Así, pues, no fue posible preguntar a varios funcionarios sobre temas de interés general, que a continuación enumero en el orden en el que los fue citando el legislador panista. Hago notar que las cifras corresponden al presupuesto autorizado para ejercerse este año (2022), el cual, por cierto, no tuvo el aval del entonces trío que integraba la bancada panista, es decir, Crispín Guerra, Fernanda Salazar Martínez y la traidora Priscila García Delgado.
No compareció el responsable de la Oficina de la Gubernatura, un tal Eduardo Jurado Escamilla, cuya área (de la que dependen las coordinaciones de Comunicación Social y de Asesores) ejerció este año un presupuesto por 96 millones de pesos. No hubo oportunidad de que pudiera explicar el tipo en qué demonios se fue todo ese dinero, pues el angelito no fue requerido a comparecer para no causarle problemas a su patrona.
No compareció la titular de la Secretaría General de Gobierno, Guadalupe la Lupita Solís Ramírez, muy involucrada en temas de seguridad pública, que en el 2022 se gastó un presupuesto de 466 millones de pesos. La inasistencia de la mujer impidió saber qué es lo que se ha hecho y, sobre todo, en qué se fueron todos esos millones, cantidad en la que hay que incluir los 50 mil del águila que se embolsa mensualmente como asesor el pelón encajoso Arturo García Arias.
A la titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León, no se le molestó con el pétalo de un citatorio, a pesar de haber ejercido un presupuesto de 189 millones de pesos; pero lo más cabrón de todo, que en agosto solicitó autorización para obtener un crédito (no se mencionan cifras) que se utilizaría para obras de las que ¡no aún se sabía en dónde se iban a realizar! O sea: la mayoría morenaca aprobó un crédito de unas obras de las que ni siquiera se sabía su destino. Lo peor: al no tener que comparecer la funcionaria de marras, jamás sabremos dónde se encuentran esas pinches obras.
De la Secretaría de Desarrollo Económico, cuya mayor parte del año estuvo al frente la mediocre, inepta y pusilánime Rosa María Bayardo Cabrera, sólo se sabe que, de los 222 millones de pesos que se le autorizaron gastar este año que ya agoniza, una parte se fue en una visita que la titular hizo al Nevado de Colima y otra en darle de comer a sus mascotas que una vez llevó a pasear a su oficina. Por supuesto, una respuesta seria y profesional nunca se va a tener, pues la tía ahora es directora del DIF y su lugar lo ocupa el traidor y acomodaticio Francisco la Paca Rodríguez García, que no será molestado por nadie.
La Contraloría General del Estado, a cargo de Isela Guadalupe Uribe Alvarado, ejerció modestos 18 millones de pesos para el presente año, pero de lo que haya hecho en todo este tiempo nos vamos a quedar con las ganas de saberlo, pues la buena mujer no fue requerida. Lo peor no es desconocer en qué se gastó esa lana la contralora, sino que tampoco se sabrá del resultado de las auditorías que debió aplicarles a las otras secretarías del chiquigabinete de vacilada. Como una burla es el lema de esa dependencia que encabeza su página en el Facebook, que a la letra reza: “Integridad en el servicio público”. ¡No, pues qué chingón!
Por último, la Consejería Jurídica se gastó 23 millones de pesos este año (en el siguiente se van a gastar 32 millones de pesos), pero no podremos saber en qué se fue ese dinero; sobre todo, en qué asesores, de los que en la página PXPress ya han sido dados a conocer los nombres de algunos. De manera, pues, que queda confirmado que el indirato también aplica su propia omertá a la colimense; o sea, hay un código del silencio para no informar nada al pueblo de Colima. Habrá que tenerlo presente en las elecciones del 2024, especialmente por sus lacras diputados morenacos (y diputadas) entreguistas, abyectos, lambiscones, serviles y arrastrados. LEER MÁS
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