La alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez M., se rehúsa a participar en la operación del arrendamiento por parte de la gobernadora de su mismo Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Indira Vizcaíno Silva, de las 20 patrullas que le fueron asignadas a su municipio a cambio de unos 650 mil pesos mensuales por unidad, argumentando que “aún hay muchos detalles que no han sido transparentados y se desconocen algunos aspectos del documento que se tendría que firmar en caso de que se acepten las unidades”. La verdad es que todo está más claro que el agua potable que distribuye CIAPACOV. ¿O no?
A Doña Griselda, de entrada, le preocupa el hecho de que el arrendador tenga la referencia satelital de las patrullas. Además, ella convencida está de que “siempre será mejor para las administraciones públicas comprar los bienes en lugar de arrendarlos, pues es más económico”. Rentando se paga 3 veces más caro de lo que cuestan las unidades y se queda uno sin ellas, afirma la alcaldesa que tiene la responsabilidad de cuidar el dinero de los contribuyentes.
Martínez M. le sopla al jocoque porque recela de la intervención que el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez supuestamente tuvo en la contratación del lote de poco más de 150 patrullas, y a quien no le conoce un acto honesto, “y esta decisión comprometió recursos federales por los próximos 3 años, por aproximadamente 300 millones de pesos”. A sabiendas de que el egresado del ITAM y Essex University abdicó a favor de Indira desde el lunes 7 de junio de 2021, Griselda le cuelga a Nachito el Sambenito para no trillar abiertamente a su compañera de partido.
“Hasta exgobernadores y medios de comunicación quieren presionarme para que yo reciba estas patrullas que, sabemos, son de una empresa del Estado de México y que su representante es un prominente priísta del grupo de Peña Nieto, y que esa empresa nació justamente en el gobierno del ex presidente, por lo que debemos estar alerta“, denuncia la mal pensada alcaldesa porteña que no ve un genuino interés por la seguridad de los colimenses por parte de quienes la presionan para que dé su brazo a torcer . Ella debiera saber que las operaciones millonarias que se hacen al amparo de los cargos públicos no tienen colores ni siglas partidistas aborrecidas. ¿O sí?
Hay que reconocer que, hasta ahora, de los diez alcaldes del estado, únicamente la de Manzanillo, Griselda Martínez M., se resiste a ponerse blandida y cooperando para que la operación “arrendamiento de patrullas” marche viento en popa, así muy poca, casi nula, influencia positiva tengan en el fortalecimiento de la seguridad pública.
A pesar de sus tronantes declaraciones, la alcaldesa de Martínez M. acepta que “la propuesta de entregar patrullas en comodato, es un tema que está en análisis y se revisarán los documentos y las condiciones para garantizar que la decisión que se tome sea lo mejor para la seguridad de las y los policías manzanillenses y para la gente del municipio”. Lo más probable es que terminará aceptando aunque haciendo gestos, pagar puntualmente la renta mensual de las 20 patrullas que le asignaron a Manzanillo. Total, como siempre, el pueblo bueno es quien paga.
Más que la negativa de Griselda a entrarle al baile del arrendamiento de patrullas, lo que de verdad calienta a quienes lo concertaron, es que ella insinúe que en la operación millonaria puede haber gato encerrado, moches, comisiones, entres o retornos, usos y costumbres priistas a los que los 4teístas son ajenos.¿ O no?
Lo que sí es cierto es que Griselda e Indira “no se simpatizan” y les encanta medir fuerzas. La primera se asume como jefa política en el municipio de Manzanillo donde la segunda tiene a la Secretaria de Fomento Económico del Gobierno del Estado, Rosa María Bayardo Cabrera, como su representante personal plenipotenciaria, con la misión de hacerse de la alcaldía en las elecciones de 2024 que Doña Griselda quiere para alguien de su grupo político.
EL ACABO
*Para el articulista Federico López Ramírez, “el rechazo de las patrullas por parte de Griselda Martínez, no es un asunto menor, es el cuestionamiento a la forma de hacer las cosas, a la forma de gobernar. Aparte de ser un problema del dominio de la información y su costo, es un problema de transparencia y de probidad.
*En diciembre pasado, la cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco le ordenó al H. Ayuntamiento de Guadalajara detener el proceso de arrendamiento de 292 patrullas a la empresa mexiquense Integradora de Apoyo Municipal, pero el alcalde emecista Jesús Pablo Lemus Navarro Pablo Lemus ignoró tal resolución y ahora no se la anda acabando con los regidores de Morena.
*A propósito de enchiladas, si el dirigente vitalicio de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tecomán, Audelino Flores, jura y perjura que tiene en su poder pruebas de las trapacerías que el alcalde morenista Elías Antonio Lozano Ochoa ha cometido en perjuicio de los tecomenses, debe proceder más rápido que inmediatamente a presentarlas ante la autoridad correspondiente, para no ser cómplice de las mismas.
