Con 17 votos a favor, 6 en contra y ninguna abstención, la LXI Legislatura del Congreso de Estado de Colima, aprobó el dictamen con el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política local en materia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
De acuerdo con el documento, esta armonización al marco jurídico estatal, garantiza mecanismos de acceso a la información pública y la protección datos personales, así como procedimientos de revisión expeditos que se sustanciarán ante las autoridades garantes.
Entre las modificaciones se encuentra que, las atribuciones del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima (INFOCOL), que conoce de los asuntos en materia de transparencia del Poder Ejecutivo, de los municipios de la entidad y las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal, serán asumidas por la Contraloría General del Estado, por sí o a través del ente que se determine en la ley respectiva.
Hasta en tanto no se expida la legislación secundaria, el INFOCOL seguirá aplicando las disposiciones normativas, así como todos los actos jurídicos que tenga abiertos. Los derechos laborales de las personas servidoras públicas del Instituto serán respetados y garantizados en su totalidad.
En el caso del Poder Judicial, la reforma aprobada establece que, la transparencia será velada a través del órgano de control y disciplina. Con esta modificación, también se incorporará al recién creado Tribunal de Disciplina Judicial como integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción.
El Poder Legislativo del Estado de Colima, garantizará el derecho a la información y transparencia a través de la contraloría interna. Y, finalmente, en el caso de los órganos autónomos previstos en la Constitución Local, conocerán de los asuntos en materia de transparencia de su competencia, a través de su órgano interno de control o equivalentes.
Luego de esta aprobación, el H. Congreso del Estado de Colima contará con un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes secundarias que correspondan.