Con una votación ajustada de 51 a 49, el Senado de Estados Unidos aprobó la apertura al debate del paquete legislativo conocido como el “big beautiful bill” (BBB), el cual contempla la implementación de un impuesto del 1 % sobre las remesas enviadas en efectivo, giros o cheques, con vigencia a partir de enero de 2026.
Aunque esta medida representa una reducción respecto al 3.5 % inicialmente planteado, gracias a miles de cartas enviadas por ciudadanos a sus senadores, continúa impactando directamente a las comunidades migrantes y contraviene los compromisos establecidos en el Tratado para Evitar la Doble Tributación entre México y Estados Unidos, poniendo en riesgo el principio de corresponsabilidad bilateral.
La aprobación de este impuesto podría sentar un precedente preocupante que comprometa el respeto y la vigencia de tratados internacionales.
La propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de reembolsar el impuesto del 1% sobre remesas, a los afectados, aunque bien intencionada, no soluciona el problema fundamental ni las preocupaciones estructurales que este gravamen implica. Su aprobación abre la posibilidad de futuros incrementos que afectarían tanto a las familias migrantes como al presupuesto público mexicano, con repercusiones para toda la población.
Este impuesto va en contra de recomendaciones internacionales, como las de la ONU y el Banco Mundial, que promueven la reducción de costos en el envío de remesas, reconocidas como un motor fundamental para el desarrollo económico y social. Además, puede incentivar el uso de canales informales que comprometen la seguridad y estabilidad financiera de millones de familias.
El paquete legislativo también contempla recortes a programas sociales esenciales, como Medicaid, que benefician a sectores vulnerables, incluidos migrantes mexicanos, lo cual representa un desafío social significativo.
Cabe destacar que aproximadamente 200 mil colimenses de diversas generaciones residen en Estados Unidos, y las remesas que envían equivalen al presupuesto federal (del Ramo 33) asignado en aportaciones etiquetadas a salud, educación, seguridad e infraestructura en Colima. Gravar estos recursos impactaría directamente el bienestar de nuestras comunidades.
En este contexto, esperamos que legisladores y diplomáticos de ambos países prioricen el diálogo constructivo y la cooperación bilateral, con el fin de consolidar soluciones fiscales justas, sostenibles y respetuosas de los derechos de las comunidades migrantes, siempre dentro del marco del respeto a los tratados internacionales vigentes.