Con 17 votos a favor, 0 abstenciones y 6 votos en contra, el pleno de la LXI Legislatura del Estado de Colima, aprobó en lo general y en lo particular la reforma al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que considera a el tráfico de fentanilo, la extorsión, y las actividades relacionadas con la falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
Durante el debate del dictamen, la diputada Dulce Asucena Huerta Araiza, defendió la reforma, exponiendo que representa una medida urgente y necesaria, pues hay actos delictivos que han tomado nuevas formas más sofisticadas y complejas que requieren un marco normativo robusto para proteger a la sociedad frente a estas amenazas.
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Betzaida Luz Alondra Pinzón Carreto, afirmó que, la reforma que no solo vulnera los derechos fundamentales y condena a los más vulnerables a sufrir abusos del sistema, añadiendo que la prisión preventiva oficiosa automática no es justicia, sino arbitrariedad.
El coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), Alberto Partida Valencia, aclaró que su bancada, está de acuerdo que debe terminarse con la impunidad, pero cuidando la presunción de inocencia, cosa que no sucede con la reforma, pues en su consideración, queda prácticamente eliminada, convirtiendo a la justicia selectiva.
De Movimiento Ciudadano, Israel González Mendoza, dijo que la inclusividad de la reforma no es un mérito, sino una muestra más del colapso, reflejando los fracasos más evidentes del sistema y del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia.
La coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Andrea Naranjo Alcaraz, explicó que con esta medida se da respuesta a una necesidad de contar con herramientas que sirvan para debilitar las estructuras que hay detrás de este tipo de delincuencia que afecta de manera profunda a la sociedad.
Alfredo Álvarez, diputado de Morena consideró que la inclusión de 3 delitos específicos en el catálogo de los que ameritan prisión preventiva y que se consideren como graves, abonará a que exista una mejor aplicación de la justicia.
Por el PT, la diputada Evangelina Bustamante Morales, indicó que la reforma es una medida que forma parte de un cambio trascendente en el país en cuanto al Sistema de Justicia, ya que se avanza en combatir delitos que asfixian la economía y que fortalecen al crimen organizado.
Finalmente, el diputado Jaime Enrique Sotelo García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo que la reforma no será para perseguir a políticos opositores, pues es clara en su objetivo, que es incluir delitos como extorsión, defraudación fiscal, entre otros y señaló que la medida abonará en tener un mejor sistema de justicia.
