*Con información de Animal Político
Seis presidentes de la República, dos fiscales generales y 6 fiscales especiales; más de 68 mil fojas de expediente, 1,993 declaraciones, 982 diligencias, 31 líneas de investigación, 15 homicidios relacionados con el caso… y desde hace 30 años México sigue sin saber quién ordenó el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI en las elecciones de 1994.
La versión oficial del caso responsabiliza a un solo hombre, Mario Aburto Martínez, un joven de tan solo 23 años que fue detenido, acusado, procesado y sentenciado por el homicidio de Colosio como un supuesto “asesino solitario” que, durante tres décadas, ha servido de coartada para que no se investigue si hubo autores intelectuales del magnicidio, a pesar de las innumerables anomalías que hubo en la investigación desde las primeras diligencias.
Dos disparos, uno en la cabeza y otro en el abdomen de Colosio, proyectados mientras sonaba la canción La Culebra del grupo musical Banda Machos, acabaron con la vida del candidato presidencial. El homicidio cimbró a la sociedad mexicana y cambió radicalmente el curso de la historia de nuestro país.
Ya en la administración de Andrés Manuel López Obrador, la defensa de Aburto logró ganar un amparo para revocar la sentencia de 45 años de prisión que le impusieron, pero debido a que la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución el caso sigue atorado en tribunales.
La Fiscalía también ha intentado revivir la hipótesis del segundo tirador en el homicidio de Colosio, pero debido a que un juez federal se negó a otorgar la orden de captura es que este asunto también está atorado. En tanto, la sociedad mexicana se sigue manteniendo en la incertidumbre sobre el caso.
Hace 30 años: la tarde en que murió Colosio
La tarde del 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio se presentó en Lomas Taurinas, Tijuana, para realizar un mitin en el marco de su campaña por la presidencia de la República.
“¡Ya ganamos! ¡Aquí en Tijuana, como en Baja California, vamos a ganar! ¡Qué viva el PRI, qué viva México!”, fueron las últimas palabras que pronunció antes de bajar del templete y reunirse con la gente que lo esperaba ferviente para platicar con él, animarlo o simplemente tocarlo.
Una valla humana improvisada por su equipo de seguridad se encargó de abrirle paso entre los asistentes, mientras la popular canción La Culebra comenzó a sonar a todo volumen en las bocinas colocadas a los costados del templete.
“Huye, José, huye, José, ven -primer disparo- pacá, cuidao con la culebra -segundo disparo-, que muerde los pies”… era la estrofa que sonaba cuando una muchedumbre soltó un grito al ver caer al candidato, justo a las 17:12 horas.
Mario Aburto fue detenido minutos después, mientras la gente enardecida lo golpeaba e insultaba. Aburto fue trasladado a la delegación de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), en Tijuana. De acuerdo con Aburto, durante esas primeras 48 horas posteriores a su detención fue víctima de diversos actos de tortura cometidos por servidores públicos y particulares.
En tanto, Luis Donaldo Colosio fue trasladado al Hospital General de Tijuana, donde a las 18:55 horas sufrió un paro cardiorrespiratorio. El personal médico intentó reanimar al candidato por casi una hora, sin éxito.
Liébano Sáenz Ortiz, secretario de Información y Propaganda Política del PRI, fue el encargado de dar la noticia:
“A pesar de los esfuerzos… que se realizaron… el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, ha fallecido”, fueron las palabras que pronunció al tiempo que un grito ahogado inundó la sala. El momento fue transmitido en vivo y en directo por la televisión mexicana a todo el territorio nacional.
Las primeras inconsistencias en el caso Colosio
Una de las primeras inconsistencias en el caso Colosio ocurrieron durante su primera declaración, pues no fue interrogado por un Ministerio Público, sino por el subdelegado de la Policía Judicial Federal en Baja California.
En entrevista con Animal Político, Jesús González Schmal, que ha dado acompañamiento jurídico a Aburto y su familia desde hace más de cuatro años, explica que José Luis Pérez Canchola, que en 1994 era el Ombudsman del estado de Baja California, estuvo presente desde los primeros minutos después de que llegara Mario Aburto a comparecer ante las autoridades.
“Él pudo testificar que estaba sin defensor ni público ni de oficio ni privado y que fue interrogado prácticamente no por el ministerio público, sino por el comandante de la Policía Federal, que estaba comisionado ahí en el estado de Baja California lo cual, de suyo, ese solo hecho, esa sola violación de garantías, invalida el juicio completo. Además, da fe de que Aburto estaba sedado, que estaba muy golpeado y que había sufrido seguramente deliberadamente daños, porque le pegaron en la cabeza y traía realmente un semblante y una condición de visible deterioro”, señala.
De acuerdo con el expediente del caso, también en la delegación de la PGR en Tijuana supuestamente una mecanógrafa transcribió de manera puntual las preguntas y respuestas que dio Aburto durante su declaración, pero más tarde su primer defensor público, Xavier Carbajal Machado, señaló que no fue así.
La propia participación de Carvajal en el proceso representó por sí misma otra de las inconsistencias del caso, pues según la investigación oficial este se presentó en el lugar a petición expresa de José Arturo Ochoa Palacios, entonces delegado de la PGR.
Otra inconsistencia en el caso fue producto de una declaración que dio la doctora Patricia Aubanel -la primera en explorar el cuerpo de Colosio en el Hospital General de Tijuana-, pues aseguró que el candidato recibió dos disparos de dos calibres distintos: 11 y 9 milímetros.
Además, un dictamen pericial realizado al arma que fue presentada como prueba del homicidio de Colosio determinó que esta no tenía las huellas de Mario Aburto, sino del agente de Seguridad Nacional, José Antonio Sánchez Ortega, que salió positivo a la prueba de pólvora en las manos.
A Sánchez Ortega lo detuvo un comandante de la policía municipal cuando corría hacía su automóvil, un Volkswagen color rojo. Además de que su tío, también del CISEN, declaró que cuando iba huyendo su sobrino, con la ropa manchada de sangre, le confesó que él había disparado contra Colosio. Esta es la teoría del segundo tirador que actualmente la FGR busca revivir.
Otro dictamen hecho y realizado por la policía científica española, contratada por el propio Carlos Salinas de Gortari, determinó -tiempo después- que la persona que disparó no fue Mario Aburto, sí no otra persona: Ernesto Rubio Mendoza, un joven que fue acribillado cuatro horas después que Colosio y al que se le puede identificar en el lugar de los hechos.
Sin embargo, esta línea de investigación tampoco pudo ser debidamente indagada puesto que el comandante Raúl Loza Parra, comandante de la entonces Policía Federal, ocultó, alteró y falsificó los videos y demás pruebas para que nadie pudiera llegar a ese rastro.
De acuerdo con la periodista Laura Sánchez Ley, al crimen de Colosio se sumaron otras 15 muertes supuestamente vinculadas al magnicidio, entre ellas las de tres personas del equipo de seguridad del candidato, tres investigadores, un político, y la de aquel quien más tarde Aburto señalaría como el verdadero homicida: Rubio Mendoza.
Finalmente, las sospechas de que había sido un crimen de Estado cobraron relevancia cuando se filtró el discurso que Colosio pronunció en el Monumento a la Revolución justo 17 días antes de ser asesinado, en el aniversario 65 del PRI, un pronunciamiento que para muchos marcó un antes y un después en la contienda presidencial y en su relación con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
“Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla. De mujeres y hombres afligidos por el abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan”, dijo Colosio ante una Plaza de la República abarrotada de fervientes militantes.
“Justamente lo primero que en efecto yo creo que debemos de considerar es el escenario político de los años 94, en donde Salinas concluía su periodo, así como dentro del PRI, un conflicto muy agudo entre lo que Salinas de Gortari pretendía desde entonces que fuera -un poco lo que hoy quizás estamos viviendo- una especie de prolongación en el poder, directa o indirectamente, a través de un Maximato y que generó incluso una corriente que tenía por propósito superar el desgaste y la declinación del PRI, incluyendo el cambio de denominación al partido de Solidaridad”, explica el abogado Schmal.
Cinco fiscales, un solo responsable
Diego Valadés, entonces procurador general de la República, fue el primero en asegurar que Mario Aburto había realizado dos disparos: uno en la sien derecha del candidato y otro en su abdomen, pero del lado izquierdo.
Para sustentar su teoría explicó que Colosio, después de recibir el primer disparo en la cabeza, giró en sentido contrario a las manecillas del reloj, y que cuando iba cayendo Aburto tuvo el tiempo suficiente para accionar el arma una segunda ocasión.
Carlos Salinas anunció, el 28 de marzo, la creación de la primera subprocuraduría especial para el Caso Colosio y como primer titular nombró a Miguel Montes García, que había sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y cuyo nombramiento fue solicitado directamente por Diana Laura Riojas, esposa de Colosio.
La primera hipótesis de Montes García fue la de la llamada “acción concertada”, que empata con la teoría del fiscal Diego Valdez respecto a que Colosio giró 90 grados a la izquierda antes de recibir un segundo disparo, pero también aseguró que Aburto tuvo cuatro cómplices que lo ayudaron a llevar a cabo el magnicidio:
El primero fue Tranquilino Sánchez Venegas, policía comercial de Tijuana, cuyo delito habría sido extender sus brazos cuando Colosio caminaba entre la gente para que Mario Aburto pudiera llegar al candidato.
Vicente Mayoral y su hijo Rodolfo, pertenecientes a un grupo de seguridad llamado Tucán, también habrían ayudado a desviar a la gente para poner a Colosio a un costado de Aburto; mientras que un sujeto de nombre Rodolfo Rivapalacio Tinajero habría sido el cuatro cómplice solo por contratar a los dos primeros.
Además, Montes García descartó que se hubieran utilizado dos calibres distintos -como afirmó la doctora Patricia- y en cambio aseguró que la diferencia de medidas en los orificios correspondía a que la pistola estuvo muy cerca durante el primer tiro mientras que el segundo disparo se hizo a una distancia mayor.
Sin embargo, meses después el fiscal cambió su hipótesis y aseguró que Aburto fue un “asesino solitario”, por lo que descartó la participación de los supuestos cómplices. Este cambio lo llevó a separarse de su cargo el 14 de julio en medio de rumores diversos rumores, como que la viuda de Colosio estaba inconforme con su trabajo. Tiempo después Diana Laura falleció víctima de un cáncer.
Entonces Salinas de Gortari nombró a la jurista Olga Islas de González Mariscal como segunda titular de la subprocuraduría especial del caso, quien definió 31 líneas de investigación y al final dejó abiertas nueve para que se indagaran hasta su conclusión.
González Mariscal duró solo cinco meses en el cargo, pero fue quien logró que el 22 de diciembre de 1994 dictaran sentencia condenatoria de 42 años de prisión a Aburto, por el homicidio del excandidato presidencial.
Ya en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, quien sustituyó a Colosio en la contienda presidencial, fue designado como nuevo subprocurador especial el abogado Pablo Chapa Bezanilla, quien dio un giro inesperado a las investigaciones al negar que Colosio hubiera girado 90 grados para recibir el segundo disparo.
En su lugar aseguró que la escena del crimen no fue bien preservada y se sembró una bala sobre la sangre de Colosio, pero más tarde se comprobó que el procurador inventó todas las pruebas, por lo que el 30 de agosto fue removido de su cargo.
El último fiscal a cargo de la investigación fue Luis Raúl González Pérez, uno de los fundadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien reconstruyó el momento del crimen, investigó a todos los que participaron en la detención de Aburto, indagó en la tortura que aseguró haber sufrido Mario y citó a declarar a todos aquellos personajes que formaban parte del entorno político de la campaña presidencial de Colosio, entre ellos el propio Salinas de Gortari.
González Pérez cerró el caso en el año 2000, concluyendo que no hubo ningún complot para eliminar al candidato y que el único responsable de la muerte de Colosio había sido Aburto.
En su informe final destacó que la presencia de Sánchez Ortega, el integrante del CISEN detenido también en Lomas Taurinas, se debió a una instrucción de sus superiores de acudir desarmado al evento y que pese a dar positivo a la prueba de radizonato fue liberado porque esta no era prueba suficiente para atribuirle responsabilidad alguna.
Desde aquel 23 de marzo de 1994, Mario Aburto ha estado en cuatro penales de máxima seguridad.
Administración de AMLO retoma el caso
Más de 21 años después, el 25 de octubre de 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 48VG/2021 dirigida al fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, en donde señalaron violaciones graves a los derechos humanos a la integridad personal y trato digno por actos de tortura, así como al debido proceso en agravio de Aburto.
Con motivo de dicha recomendación, de acuerdo con expedientes judiciales, el 4 de abril de 2022 el fiscal Alejandro Gertz Manero dio el primer paso para reabrir la investigación del caso Colosio al crear el Equipo Especial de Investigación y Litigación para el Caso Luis Donaldo Colosio Murrieta como “responsable de investigar, perseguir los delitos y, en su caso, retomar y concluir los procesos penales vinculados con los hechos”.
En paralelo, la defensa pública federal de Aburto promovió el juicio de amparo directo 104/2021 para combatir la sentencia de Aburto, asunto en el que el pasado 5 de octubre de 2023, el Primer Tribunal Colegiado Penal en Toluca resolvió en favor de Mario y por el que ordenó aplicarle la pena por homicidio prevista en el Código Penal de Baja California, que era 30 años de prisión, y no la del Código Penal Federal, como originalmente se había hecho, y por la que lo condenaron a 45 años.
El tribunal concedió el amparo a Aburto básicamente porque, desde el año 2010, existe jurisprudencia firme -y, por tanto, obligatoria para todos los órganos jurisdiccionales- que indica que cuando los jueces federales juzgan delitos del orden común con relación con delitos federales, las normas penales que deben aplicarse son las de la entidad federativa en la que se cometió el delito.
Por ello, el Tribunal consideró que la sentencia reclamada era violatoria de los derechos humanos de Aburto y le concedió el amparo para el efecto de que el tribunal de apelación responsable deje insubsistente la sentencia del 22 de diciembre de 1994, por 45 años de prisión, y dicte una nueva, en la que determine que el Código penal aplicable es el del Estado de Baja California, cuya pena máxima es de 30 años.
Días después de esta determinación, la FGR impugnó el fallo y solicitó a la Suprema Corte atraer el caso, porque de ser confirmada dicha sentencia, Mario Aburto saldría de prisión este 2024, tras cumplirse 30 años del magnicidio.
Al respecto el litigante Arturo Ramon Robles Feria, defensor del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y abogado defensor de Aburto, asegura que este recurso interpuesto por la FGR es “notoriamente improcedente”.
“¿Por qué? Porque no reúne o no satisface los requisitos que la propia ley aplicable al caso que es la Ley de Amparo que establece para este tipo de supuestos de este recurso. Es decir, consideramos que la Fiscalía General de la República no tiene un sustento jurídico fuerte, fundado y motivado para poder sustentar sus argumentos en este recurso, pero bueno quien tiene la última palabra será nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dice en entrevista con Animal Político.
En tanto, el abogado Jesús González Schmal considera que, a 30 años del asesinato de Colosio, Mario Aburto “está emocionalmente muy tranquilo” y ha podido “procesar su tragedia”.
“Tiene conciencia de que está siendo injustamente responsable de un acto que no cometió […] Él dice que había un conflicto y que pues él fue una víctima inocente que le tocó estar en un lugar (en el) que no debió haber estado y (considera), por otro lado, quizás dejó esto no solo una herida abierta en la duda de la ciudadanía, sino también un precedente de que en la política todo se vale: romper las reglas éticas e incluso tener que llegar al extremo de privar de la vida a un personaje que en un momento dado tiene un papel destacado”.
