Con los gobiernos del PRIAN se acostumbraba que, cuando no había dinero para pagar, los proveedores eran las primeras víctimas de la repentina pobreza en la que se veía envuelto tal o cual administración estatal. No obstante, todo proveedor del Gobierno del Estado que se respete de serlo, especialmente si es muy cercano al titular del Ejecutivo en turno, dentro de lo que cabe, sabe que algo le queda de ganancias en un negocio en los que no se suda mucho y resulta redituable, sobre todo si se diversifica.
Lo sabe muy bien la emprendedora Adriana Julieta Aguirre Pérez, que ha hecho un redituable negocio en la administración de Indira Vizcaíno Silva, lo mismo en la venta de medicamentos y productos farmacéuticos, que en organizar el Grito de Independencia del 15 de septiembre del año pasado y hasta manejar el ramo de la papelería con la venta de todo lo concerniente al ramo, incluida la tinta, tóner y cartuchos, en este último caso para el DIF Estatal, cuya titular es Rosa María Bayardo Cabrera, a la que el indirato en pleno intenta imponerla el próximo año como su candidata de Morena a la alcaldía porteña.
Es curioso que el contrato de este último caso, el del DIF Estatal, fue solicitado a la multifacética y emprendedora Adriana Julieta Aguirre por la secretaria ejecutiva de Enlace Gubernamental de la actual administración, Ana Sofía Bayardo, que es la hermana de la precandidata morenaca al municipio de Manzanillo, de tal suerte que ahora todo tiene sentido. Por cierto, Ana Sofía, la hermanita nutrióloga de la que aspira a ser alcalde del importante municipio costero colimense en el 2024, depende de la Oficina de la Gubernatura, a cargo del escaso de luces (oscuro) Eduardo Jurado Escamilla.
La organización de la ceremonia cívica de las fiestas patrias, a Adriana Julieta Aguirre le redituó un ingreso por la suma de 742 mil 400 pesos. En cuanto a lo demás, en el caso de los medicamentos y productos farmacéuticos, las ganancias fueron modestas (unos 30 mil pesos), mientras que la licitación para la compra de productos de papelería se declaró desierta, pero no hay duda que Adriana Julieta Aguirre fue invitada para participar en la puja.
Como quiera que sea, me dicen que también en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado le otorgaron la licitación de compra de pintura Comex (que es la más barata que existe en el mercado, pero no se mencionaba en la licitación). Al parecer, un gran apoyo de la emprendedora es su novio, Andrés Flores, que se sabe que cobra en la Oficina de la Gubernatura de Eduardo Jurado, lo que podría caer en el conflicto de intereses.
Lo que hasta ahorita llevo escrito en esta columna de culto a cualquiera que simpatice con el indirato se le podría ocurrir replicarme que lo que ocurre con proveedores del tipo de Adriana Julieta Aguirre es algo de lo más normal en toda administración, que igual tiene a sus consentidos que a los que relega y castiga, según se porten; sin embargo, lo extraño del caso es que esta emprendedora y multifacética empresaria ya fue sancionada por haber incurrido en irregularidades en tiempos en los que estuvo del otro lado de la mesa, es decir, como la directora de Adquisiciones de la administración anguianista.
La buena mujer fue acusada por el OSAFIG de diversas irregularidades, la cual fue ratificada por los diputados del Congreso del Estado con el decreto 375_58. Las observaciones del órgano fiscalizador sostienen que un servicio de cursos de capacitación del Programa SUBSEMUN 2013 en municipios de Colima, Tecomán y Villa de Álvarez, requeridos por la Secretaría de Seguridad Pública, con costo de un millón 96 mil pesos, no fueron acreditados. O sea: no hubo evidencias de que se llevaron a cabo tales cursos por parte de un Instituto Multidisciplinario de Capacitación Jurídico Policial, Prevención Social y Desarrollo Humano, S.C.
Esta irregularidad cometida por la entonces funcionaria le valió una amonestación pública y una sanción económica resarcitoria directa por la misma cantidad que se esfumó en los cursos fantasmas, es decir, un millón 96 mil pesos. Al respecto, la OSAFIG fundamentó su decisión sancionadora: “… por autorizar la contratación y omitir (Adriana Julieta) los documentos necesarios de un curso de capacitación bajo el procedimiento de adjudicación directa, así como el documento fundado y motivado en criterios de eficiencia, economía, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones de contratación para el Estado”.
Es de hacer notar que, en esa ocasión, aparte de Adriana Julieta Aguirre, que fue la directora de Adquisiciones del Gobierno del Estado, entraron en ese paquete de sanciones otros funcionarios anguianistas, a saber: Jesús Chucho el Rata Orozco Alfaro, ex secretario de Administración y Finanzas; José Santos Juárez, ex director general de Administración y Abastecimiento, y el general Raúl Pinedo Dávila, ex secretario de Seguridad Pública. Así, pues, este botón de muestra prueba que, en efecto, la administración de la Gobernadora Altozano es “diferente”, es decir, honesto (jajajá), honrado (jejejé), decente (jijijí), pulcro (jojojó) e intachable (jujujú). ¡No te acabes, Indira! LEER MÁS
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