La información procede de Guacamaya Leaks y ha sido ampliamente difundida a nivel nacional: hay tres fiscales en el país que, en documentos clasificados, aparecen con vínculos con el crimen organizado, el de Querétaro, el de Aguascalientes y, sorpresivamente, el de Colima, Bryan García Ramírez, a quien se le relaciona con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La información es un tanto cuestionable, en realidad, porque se basa sólo en el hecho de que el nombre del fiscal colimense ha aparecido en mantas en las cuales explícitamente se le acusa de esta relación con el crimen, sin embargo la información tampoco debe demeritarse puesto que procede de documentos de la misma Sedena y, como se sabe, cuando el río se oye es porque algo lleva.
Obviamente, una información así preocupa más dados los niveles de violencia a los que ha llegado nuestra entidad y, sobre todo, las características de este tipo de violencia y cómo se genera y desde dónde. No es solamente una guerra entre cárteles sino también una falta de estrategia para contenerla, por las razones que éstas sean, incluido el conciliábulo que presuntamente podría existir entre autoridades y crimen organizado.
La información que evidencia al fiscal de Colima por sus relaciones con el crimen organizado no puede, por tanto, tomarse ligeramente. Debe analizarse y procederse en consecuencia.
Es importante decir, sin embargo, que la propia gobernadora Indira Vizcaíno, en una entrevista reciente con el periodista Max Cortés, aseguró que no existía en su gobierno ningún pacto de ningún tipo con el crimen organizado y que ella estaba en ese sentido con la conciencia muy tranquila.
La gobernadora fue contundente y nadie debería dudar de que así es, pero también es cierto que la naturaleza de la violencia en nuestro estado requiere una revisión a conciencia en las áreas encargadas del combate al crimen organizado con el fin de asegurarse de que efectivamente ni ella, como lo aseguró, ni nadie más tiene establecido un lazo de ese nivel con los grupos criminales.
Son muchos y muy complejos los tejidos que se entreveran entre las autoridades policiales y el crimen organizado y la gobernadora deberá, por tanto, tomar cartas en el asunto para evitar que esto sea lo que realmente impide que vuelva la paz a nuestro estado. El flagelo de la violencia en Colima no desciende y la sociedad lo está resintiendo cada día más, muy a su pesar.
Como ya lo he dicho en otras entregas, es muy importante que la estrategia contra la inseguridad se revise de manera constante y la población la conozca para que también pueda contribuir en ella, sin que esto siga conllevando el deterioro de su propio tejido social.