Tradicionalmente el Estado era el encargado de realizar todo lo concerniente al ámbito público, proveer los servicios, decidir la asignación presupuestal, qué obras se van a realizar entre otras tantas acciones, esto solía ser la norma en prácticamente todos los países, las administraciones vivían de cierta forma mayor centralismo al dejar la toma de decisiones en los líderes políticos, dicho modelo para bien fue cambiando junto con la sociedad, posteriormente se introdujo al sector privado y más recientemente se busca fortalecer la participación social dentro de la administración.

Actualmente ˗al menos en el caso mexicano˗ las administraciones municipales y estatales se encuentran prácticamente rebasadas, muchas entidades se encuentras batallando con deudas y en el caso de los ayuntamientos estos les dificultan más su capacidad de maniobrar, además en México estamos atrasados en la carrera de prácticas administrativas, en México de acuerdo a la Métrica de Gobierno Abierto presentada por el CIDE en 2019, solo el 35% de las propuestas realizadas por un ciudadano activaron algún proceso dentro de las oficinas públicas para su discusión, también solo el 23% de los órganos obligados cuentan con mecanismos de participación.

Ante las problemáticas que se encuentras los tres niveles de gobierno ˗en especial el estatal y municipal que son los más cercanos a la población˗ uno pensaría que el aligerar la carga laboral sería lo más lógico, el permitir la participación ciudadana en la administración pública abriría la puerta para que los ciudadanos sepan decidir qué problemas públicos atender, al menos los que presentan un inconveniente para ellos, esto ocasionaría que el gobierno estatal o municipal se enfoque en problemáticas de mediano y largo plazo mientras que la población se centra en las de primera instancia.

Ejemplos de lo mencionado hay bastantes, si observamos casos de presupuesto participativo podemos ver a una sociedad más colaborativa e interesada en su comunidad, de hecho algo similar se vio en el municipio de Colima durante la administración de Carlos Vázquez.

Por lo mencionado podría resultar incomprensible que un gobierno decida cargar con toda el peso administrativo en una época donde las tecnologías de la información pululan y facilitan que una administración y su burocracia sean más eficientes y transparentes, no obstante parece que se le tiene más amor al uso discrecional de los recursos que a la política limpia y participativa, sin embargo si en la misma página de gobierno del Estado no se muestran completas las remuneraciones de los servidores públicos, obviamente no podemos esperar que le den recurso a la ciudadanía.

Lejos estamos de una verdadera cultura democrática, en los índices de corrupción nos encontramos en los últimos lugares internacionales e incluso se nos ha dejado de considerar una democracia para pasar a un régimen hibrido de acuerdo con un reconocido periódico internacional, pero oigan, continuemos manteniendo ese uso irresponsable de los recursos, no tiene sentido que todos colaboremos y hagamos un buen modelo de rendición de cuentas o de pesos y contrapesos, al fin y al cabo no vaya a ser que se nos aclaren las cuentas públicas.