Mientras que el titular de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de la Fiscalía General del Estado, Héctor Peña Luna Meza, amenaza con internar en el Centro de Readaptación Social de Colima (CERESO) hasta ocho años a quienes “bloqueen las vialidades como medio de presión para que las autoridades encuentren a sus familiares desaparecidos”, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva jura y perjura que “desde el Gobierno del Estado se privilegia la libertad de expresión a quienes se manifiestan bloqueando vialidades o de alguna otra forma, como ha ocurrido afuera de la Fiscalía General del Estado (FGE), en el libramiento Ejército Mexicano”.
Para transitar de las declaraciones a la acción punitiva, el fiscalito valiente se apresta a abrir carpetas de investigación en contra de quienes han violentado el derecho de los ciudadanos al libre tránsito y el respeto pleno a las vías generales de comunicación. “Están cometiendo un ilícito, ya han citado a personas que han bloqueado el Libramiento Ejército Mexicano los últimos meses. Unos han comparecido, otros no y a otros se les está localizando para que vayan a declarar sobre los delitos que se les imputan”, sentencia inapelable el funcionario que abiertamente discrepa con la postura permisiva y complaciente de la gobernadora para con los infractores de la ley desesperados porque su gobierno no pela un chango a nalgadas en el tema de seguridad ni en otros más.
Le cabe todo el derecho y le asiste la razón entera a Peña Meza cuando afirma que “los bloqueos lo único que generan es complicación de movilidad a terceros y a los mismos agentes que entorpecen sus labores”, pero su gobernadora opina todo lo contrario: “Mi posición personal como Indira y gobernadora es que nosotras y nosotros siempre vamos a estar del lado de la libertad de expresión; entendemos que nuestra libertad termina donde comienza la libertad de los demás, pero nuestra posición es dar respeto a quienes de manera libre puedan expresar su manifestación y su sentir; en este caso, no se está buscando desde el Gobierno del Estado, represión alguna a manifestaciones”, tampoco seguridad y justica para todos, paz y tranquilidad, habría que agregar.
“Tanto a las víctimas como a las víctimas indirectas; es decir, sus familiares, siempre se les debe tratar como tal y no revictimizarlas. A pesar de que en otros casos salen y dicen que no se les atiende, y nosotros tenemos evidencias que sí se les ha atendido, entendemos que en ese momento atraviesan por una situación emocional compleja y es nuestra responsabilidad. En el caso de la FGE es estar ahí, presente, acompañando a las familias desde el primer momento”, ha expresado compasiva y magnánima una gobernadora que no se inmuta con el destrozo de las vialidades de la conurbación Colima-Villa de Álvarez que la desviación del tráfico pesado provocada por los bloqueos carreteros que ella tolera, ni por el riesgo del mismo para automovilistas y peatones.
Eso sí, ella se cura en salud diciendo que “si llegan a presentarse acciones legales, a petición de algún particular que se sienta afectado por bloqueos viales, será responsabilidad de la FGE, como ente autónomo, quien determine si hay o no un delito, como ocurre en cualquier carpeta de investigación”, pero dado que ya tiró línea, los infractores seguirán en las mismas a sabiendas de que el manto morado de la impunidad 4trera los protege.
EL ACABO
*El Tribunal de Arbitraje y Escalafón le da largas a la Toma de Nota de la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, porque la contabilidad de votos de la contienda por la Secretaria General del mismo entre Martín Flores Castañeda y Sergio Fuentes Alcaraz arrojó resultados muy cerrados, no hay claro ganador. ¿O sí?
*A pesar de que el indebido intervencionismo del gobierno estatal 4trero en la vida interna de los sindicatos de trabajadores a su servicio lleva ya tres derrotas al hilo, va por la cuarta con la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
*Desde el área de Comunicación Social del Gobierno del Estado a cargo de Miguel Ángel Vargas Vaca, éste le ha ordenado a un empleado de la Secretaría de Salud y Bienestar Social atacar en sus artículos periodísticos a la líder sindical María Dolores González Meza. Van dos seguidos que le dedica. Advertidos están.