El constante bloqueo o corte repentino de las vías de comunicación terrestre en Colima en el tramo de la cuatro carriles y frente a la Fiscalía General de Justicia es un conflicto grave que afecta y mucho a la economía estatal pero más aún a nivel nacional, es asunto de seguridad nacional, por tal motivo urge que el gobierno federal apoye al estado en materia de seguridad y el gobierno estatal revise también y organice mejor la prevención de los secuestros y la desaparición de personas que van en aumento.
El problema social y político que recaen más en el Fiscal General Bryan Alejandro García y la gobernadora Indira Vizcaíno es que los bloqueos van en aumento, se politizan, hay algunos sin justificación y se están haciendo costumbre por los familiares y amigos de los desaparecidos, pues se piensa que solo así las autoridades pueden ponerse a trabajar inmediatamente, basándose también porque después de un bloqueo durante 34 horas aparecieron vivas unas mujeres que fueron secuestradas.
Estos bloqueos provocan pérdidas de cientos de millones de pesos a sectores económicos que nada tienen que ver con los conflictos de Colima, pues son miles de camiones de carga y cientos de pasaje con pérdidas incalculables por las horas retenidos, así como graves molestias por el caos vehicular y daño a las vías alternas que utilizan los trailers, pues a los paristas o quejosos solo les importa que aparezcan en forma inmediata sus hijos, hermanos o padres desaparecidos.
No vamos entrar aquí al análisis legal de los bloqueos si son o no inconstitucionales, pero recordemos que son parte de las luchas de la izquierda mexicana y de la historia política en nuestro país, porque esto no pasa en Estados Unidos, allá nadie se atreverá efectuar un bloqueo so pena de encarcelarlo inmediatamente, pero recordemos que nuestro propio presidente Manuel López Obrador encabezó muchos bloqueos para protestar por injusticias, al igual aquí Arnoldo Vizcaíno, padre de la gobernadora Indira Vizcaíno, también lo hizo en Manzanillo en el API para resolver asuntos agrarios y atender los derechos humanos fundamentales de la gente del campo, otros líderes lo hicieron también para pretender quitar la caseta de cobro de Cuyutlán, y así lograron con el apoyo del presidente del país que pasaran hoy libres los automóviles y camionetas particulares, ahora éstos paros lo hacen los familiares de desaparecidos en Colima.
LAS AUTORIDADES NO PIERDEN UN PESO EN DICHOS BLOQUEOS En 2020 en el país dichos bloqueos generaron pérdidas de 4,121 millones de pesos y en el 2021 rebasaron a los 5 mil millones, pero resulta que la carretera de la cuatro carriles que pasa cerca de la Fiscalía General de Colma es la ruta comercial más importante en el país por donde transitan los miles de tráilers, del puerto de Manzanillo a los diferentes estados, es decir el conflicto afecta más al comercio nacional y le compete más al gobierno federal y se ve que el paquete se lo dejan solo a la gobernadora Indira Vizcaíno sin apoyo alguno. Sin embargo se observa aquí que la negligencia de los gobiernos de los tres niveles es alta porque no pierden ni un solo peso de sus bolsillos, son las empresas y el comercio los afectados.
La Cámara de Diputados federal aprobó en 2020 una reforma el artículo 533 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, que busca sancionar a quienes interrumpan, dañen o suspendan las vías de comunicación y al transporte en México, así mismo aprobó en 2021 reformas a la Ley de Vías Generales de Comunicación para castigar con cárcel de hasta siete años y multas de hasta 44,810 pesos a quien realice bloqueo de casetas o a quien restrinja parcial o totalmente el tránsito de los medios de transporte que circulan por las vías generales de comunicación.
Sin embargo hace bien Indira Vizcaíno en no encarcelar a nadie por dichos bloqueos, pues no vamos a criminalizar aquí a quienes por angustia familiar están realizando estos paros pues la desaparición de personas en Colima es demasiado alto a pesar de que Colima es un pequeño estado y bien comunicado, pues la ciudadanía tiene la percepción social que no hay interés real por las autoridades ante los reportes de desaparecidos porque además no han revisado ni actualizado los protocolos y estrategias para atender inmediatamente los reportes, pues hay denuncias públicas que los funcionarios de seguridad y de la Fiscalía por costumbre no van inmediatamente cuando pasa un reporte y esperan a que vayan a presentar la denuncia por escrito esperando horas para ser atendidos.
Deben modificar sus protocolos, no hay tampoco un programa estatal de prevención contra el secuestro o desaparición de personas, pues mucha gente desconoce que hay tecnología de prevención, hay chips localizadores de personas y vehículos, además a Colima le urge un cuerpo estatal profesional especializado para la desaparición de personas, tampoco funcionan las cámaras principales de vigilancia en los municipios, ni hay elementos de seguridad en las casetas de vigilancia a las entradas y salidas en los municipios como antes sí existían, y con menor inseguridad pública, pareciera que al gobierno no le interesa la seguridad de la población, las casetas de vigilancia están abandonadas en todo el estado, la gente dice que los cientos de militares, marinos y de guardia nacional se la pasan siempre la mayoría encuartelados, por ello la gente ve la necesidad realizar mejor un bloqueo de carretera para que sean mejor atendidos.
El presidente Manuel López Obrador y todos los mandatarios federales deberían considerar que del puerto de Manzanillo obtiene cerca de 20 mil millones de pesos anuales, son ganancias fiscales multimillonarias que aumentan si sumamos de lo que ganan por los impuestos de las cuotas de la caseta de Cuyutlán, Colima debería ser compensado sino en obras cuando en menos en materia seguridad, pues por la importancia del puerto proviene en gran parte la alta inseguridad estatal, por eso decimos el gobierno federal no le ha dado la debida importancia a Colima.
La seguridad pública sin duda es una tarea de todos y el problema es que el esquema de seguridad aplicado en Colima es del orden federal, como casi en todo el país, por ello en Colima lo encabezan ahora personas comisionadas del orden federal, y no tienen la misma preocupación que los colimenses, las dependencias de seguridad estatal deberían representarlas personas de Colima, pues Colima debe efectuar su propio plan estatal de seguridad pública, y esa parte le compete influir al Congreso del Estado, pues no nos basta que los diputados y funcionarios aseguren políticamente que todo va bien en seguridad pública, cuando es todo lo contrario, la gente vemos la realidad.