El diputado local del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Alfredo Álvarez Ramírez, sigue empecinado en meterle ruido a las administraciones municipales de oposición como la de Colima, con las mismas tetras ya muy vistas y desgastas que ha empleado hasta decir basta, con los indígenas de Zacualpan de quienes se asume su líder salvador, so pretexto de cualquier decisión que aquellas tomen, como la de enajenar bienes municipales para cubrir adeudos al Instituto de Pensiones del Estado de Colima.
En lugar de obligar a sus aliados políticos emecistas Leoncio Alfonso Morán Sánchez, ex alcalde de Colima; y a sus cómplices Glenda Yazmín Ochoa, ex Síndica Muncipal; e Ignacio Vizcaíno Ramírez, ex Director Jurídico del H. Ayuntamiento capitalino, par de aretes que cobran como diputados locales para respaldar hasta la ignomina a la gobernadora como recientemente lo hicieron salvándola de momento de la revocación de mandato, a que regresen los 50 millones de pesos que en trío desviaron de las aportaciones debidas al Instituto de Pensiones del Estado de Colima, el diputado Álvarez Ramírez se va por la vía fácil de alborotar a personas ajenas a los predios que el H. Ayuntamiento de Colima ha puesto en venta para inyectarle dinero fresco al IPECOL.
Como el grillo diputado no se manda solo, se entiende que su jefa la gobernadora está de acuerdo en que le meta ruido a la alcaldesa Margarita Moreno Gonzales con quien, se supone, mantiene una sana relación institucional de colaboración mutua centrada en la solución de los problemas como el grave quebranto financiero del IPECOL cuyo flamante nuevo director, el prisita Hugo Alejandro Vázquez Montes, debiera ser el principal interesado en que se regularice el flujo de cash al organismo a su cargo, motivo y razón por los cuales debiera meter ya en cintura a su compañero diputado grillo.
En su desbordado afán protagónico, el grillo diputado vocifera que la venta de los predios de propiedad muncipal son “para solventar los lujos y gastos excesivos en el Ayuntamiento de Colima”, y como él es celoso guardián de los bienes del pueblo morenista, también se ha opuesto por la vía legal para que los mismos se usen para remediar los males, como lo hizo con el ubicado atrás de Plaza Centralia que tiene como vecinos a sus clientes de Piscila, intentona que no le prosperó porque el Juez Segundo de Distrito en Colima sentenció que “de negarse la venta del predio, se estaría impidiendo que el Ayuntamiento de Colima pudiera estar en posibilidad de cumplir con sus obligaciones ante las autoridades y acreedores”.
Y como, según el mismo Juez, “debe prevalecer y protegerse la no afectación al orden público y a la sociedad”, el protagónico diputado morenista debe cejar ya en sus afanes de trastocar a la administración muncipal y ponerse blandito y cooperando como cuando, sin chistar, aprobó la desincorporación del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de una fracción de 48 mil 174.84 m2, del predio ubicado sobre camino rural que se intercepta con carretera Colima-Coquimatlán, con clave catastral 04-99-91-050-194-000, inscrito en el Registro Público de la Propiedad en el folio real 9947-1.
Para ser congruente y parejo, el diputado Álvarez Ramírez debiera liderar a sus pequeñas huestes de comuneros de Zacualpan y Piscila para desalojar los espacios ocupados por la administración indirista en la ex XX Zona Militar que deben ser única y exclusivamente para uso y disfrute de la población. También, oponerse fieramente a cualquier intento de venta para generar efectivo que palie la quiebra financiera del gobierno del estado.
EL ACABO
*Intolerantes, los morenos pro rusos descalificaron la misión de solidaridad que los diputados locales Riult Rivera Gutiérrez (PAN) y emecistas Salomón Chertorivski Woldemberg, Jorge Álvarez Máynez y Julieta Mejía Ibáñez realizaron a Ucrania para “enviar un mensaje de paz y exponer la indiferencia con que consideran que la 4T ha tratado el conflicto bélico”.
*También a los pro rusos morenistas les incomodó el objetivo anunciado por los misioneros del PAN y de MC, de “contrarrestar la indiferencia y la ambigüedad que ha exhibido la mayoría parlamentaria frente a la flagrante violación de derechos humanos y del derecho internacional perpetrado por Rusia en el territorio soberano de Ucrania”.