Así como la pandemia empieza de nuevo a hacer estragos en la población, con cifras de contagios y muertes que suben cada día, también el tsunami de violencia que vive nuestra entidad está alcanzando niveles antes inimaginables.
De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Colima cuenta con la mayor tasa de asesinatos en todo el país por cada 100 mil habitantes, lo anterior tras confirmar que el primer cuatrimestre de este año los homicidios dolosos en el Estado de Colima crecieron más del 52%, en comparación con el mismo periodo de 2021.
Esto reconfirma que ningún esfuerzo de las autoridades ha sido suficiente y da la impresión incluso de que las propias fuerzas policiales han depuesto las armas y la voluntad en una batalla sin tregua ni cuartel que se les ha salido ya completamente de control.
Si a esto se aúna la depresión económica que vive el país (muestra clara es el aumento excesivo de mexicanos emigrando a los Estados Unidos), el panorama futuro se impone realmente desolador para todos, esto es, para aquellos que padecen la violencia directamente como para aquellos otros que indirectamente (empresarios, profesionista, etcétera) la están sufriendo.
Lo cierto es que el clima de intranquilidad se ha apostado en medio de una entidad que no hacía mucho tiempo parecía tenerlo todo (tranquilidad, bonanza, etc) y que ahora se ha convertido en un lugar en el que se respira un aire enrarecido. Sólo el pasado jueves se contaron siete asesinatos, el de un joven, el de una pareja, el de tres mujeres y el de un cuerpo embolsado.
Lo anterior, en un escenario distinto, tendría realmente los tintes de una realidad macabre y asfixiante , pero en nuestro escenario se está convirtiendo lamentablemente en algo tristemente cotidiano. Por eso mismo,
y por tratarse del tema más prioritario del gobierno estatal y de los municipales, yo creo que no admite vocerías en ninguno de los casos sino que sea la propia gobernadora y los presidentes y presidentas municipales quienes se encarguen no sólo de informar del estado que guarda la inseguridad en nuestra entidad, sino, sobre todo, de dar cuenta de las estrategias que se están implementando para detener esta catástrofe que bien podría catalogarse de inédito.
También creo que es tiempo de que esta nueva estrategia venga acompañada también de un cambio en los titulares de las instituciones encargadas de la seguridad de nuestra entidad y de su impartición de justicia pues está más que claro que su trabajo ha sido ineficiente e insuficiente para contener la ola de violencia.
No estamos hablando solo de un conflicto de tierras, o del robo de una casa habitación, sino de la pérdida de muchas vidas humanas y de muchas familias que, con ello, han quedado rotas e impávidas.
El pulso de las redes sociales es reprobatorio para las autoridades de justicia, incluso hasta rabioso en muchos casos, lo que habla de que no se le está comunicando como debe ser ni dándole las respuestas esperadas.
Sólo resta decir que para conseguir esta vuelta de tuerca se requiere de mucha sensibilidad, por lo que esperamos que esperamos que esta se manifieste lo antes posible.