El fentanilo es una droga, un opioide sintético que es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina, es uno de los causantes que provocan las sobredosis mortales en los Estados Unidos y México, pues tan solo en nuestro país se asegura que mueren cerca de cien mil mexicanos anualmente por sobredosis debido al desconocimiento de su manejo, preparación y consumo, -pero lo que es peor- que quienes consumen por error una sobre dosis y mueren es debido a que no saben que existen medicamentos para que sean salvados si son aplicados en los momentos adecuados.
En la actualidad, el gobierno federal y los gobiernos estatales no han podido frenar el aumento de las adicciones, también han descuidado irresponsablemente conjuntamente con las Universidades de Educación Superior la formación de médicos especialistas para el tratamiento profesional de los adictos en sus diferentes etapas de consumo, las instituciones de orientación contra las adicciones son personas o médicos generales que no tienen la preparación adecuada, no hay especialistas ni para asesorar a los mismos Centros de Rehabilitación de las adicciones ni a los planteles escolares de los diferentes niveles educativos.
AL CONGRESO LE PREOCUPAN LOS CENTROS VS DROGADICCIÓN
El pleno del Poder Legislativo aprobó una reforma a diversas disposiciones de la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones en el Estado de Colima, con el objetivo de que los centros de rehabilitación, públicos o privados, garanticen los Derechos Humanos de sus pacientes, y en caso de que se detecte lo contrario previo revisiones de las autoridades competentes, se puedan realizar las denuncias penales o de cualquier otra índole que corresponda.
La iniciativa fue planteada por la diputada Yommira Jockimber Carrillo Barreto, del Grupo Parlamentario Morena, dictaminada por las comisiones de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales y la de Salud y Deporte, presentada en el Pleno por el diputado Armando Reyna Magaña.
Con ello, se estipula que los centros de tratamiento, atención y rehabilitación contra las adicciones de los sectores privado o social que operen en el estado deberán garantizar el trato adecuado y respetuoso de las y los individuos que reciban sus servicios, teniendo como base de actuación la dignidad humana y la protección de sus derechos humanos, salvaguardando en todo momento su integridad física, psicológica y social. Así mismo, el decreto establece que los centros de rehabilitación deberán obtener la licencia o permiso del Ayuntamiento respectivo para su funcionamiento, por lo que los ayuntamientos, de conformidad a la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima, sus reglamentos y demás instrumentos jurídicos aplicables, cancelarán las licencias o permisos, temporal o definitivamente que hayan otorgado, cuando se acredite el mal uso de ellos.
La iniciativa del Congreso es correcta ni duda cabe debido a que ha trascendido que en algunos Centros de Rehabilitación sus directivos y personal tratan muy mal a los que ingresan, ya que se han presentado hasta denuncias a derechos humanos o denuncias penales. Sin embargo, ha faltado por otra parte un apoyo real del gobierno federal, de los gobiernos estatales y municipales a estos centros ya que son la mayoría de particulares y ciudadanos voluntarios que buscan alternativas para coadyuvar en un problema social serio y grave, cuando la mayor parte le compete y es responsabilidad de nuestros gobiernos, de los tres niveles, y si el Congreso conjuntamente con la Secretaría de Salud lograran supervisarlos mejor y les comisionaran a un médico especialista en la materia sería un mejor apoyo.
