Aunque se trataba de una invasión que se llevó a cabo desde hace una década, donde mediaron varios amparos de una y otra parte, la decisión de un juez federal de Jalisco fue como la de un Zeus enfurecido que, lanzando rayos y centellas, ordenó desalojar a las decenas de familias que vivían en una zona habitacional del poblado de Campos, del municipio de Manzanillo, el 30 de junio del presente año. Así, con la orden de desalojo en la mano, el personal de la Inmobiliaria Arenal del Bosque, S.A. de C.V., echó a la calle a todas esas personas que se quedaron sin techo para protegerse en plena temporada de lluvias.
El desalojo de tantas familias, de suyo traumatizante, fue ejecutado no tanto por la gente de la inmobiliaria de marras, sino por una treintena de policías estatales y de la Guardia Nacional, a punta de pistola, no fuera ser que niños y ancianos, que son los que abundan, respondieran con fuego.
El caso es que, si así como en el desalojo de los invasores en la población de Campos fueran tan efectivas las corporaciones policiacas para enfrentar al crimen organizado que ha sembrado el terror con su violencia de muerte, de seguro que los colimenses tendríamos una mejor razón para estar agradecidos con el Gobierno del Estado. Bien: el juez actuó apegado al Estado de Derecho y, tras años de litigios judiciales, finalmente ordenó el desalojo.
De alguna manera, esa parte ya quedó zanjada (a menos que se acuda a la última instancia, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación) y no habría nada que hacer. La propia #GobernadoraAltozano lo admite, como para justificar el desalojo de decenas de familias que ya sentían como suyo el suelo en el que vivieron una década: que es un asunto resuelto y estrictamente judicial; por lo tanto –podría agregar la mala—, ¡a otra cosa, mariposa! ¿Gustan una tacita de café? Como quiera, eso es cosa juzgada.
Lo que no tiene ni tantita madre es la actitud de una insensibilidad total de parte de Indira Vizcaíno Silva, quien abordó el tema en esa vacilada llamada dizque Diálogos por la transformación como si le fuera por completo ajeno, es decir, que lo había tratado de pasadita sólo porque alguien lo sacó a relucir. O sea: la expresidenta municipal de Cuauhtémoc actúa como si no fuera la gobernadora del estado, sino el gerente de un Walmart, un Soriana o alguna otra cadena por el estilo, que seguramente sería mucho más empático y sensible hacia un problema social de esta naturaleza.
De acuerdo: los invasores se asentaron en un lugar que no les pertenece y, tras años de litigio, perdieron la partida. Pero se trata de decenas de familias que se quedaron literalmente en la calle, donde mujeres, niños y ancianos se las tienen que arreglar para no ser alcanzados por las lluvias que han azotado Colima en los últimos días, dado que nos encontramos en temporada de huracanes, ciclones, tormentas y demás fenómenos naturales.
¿Así va a dejar la Indi a esos vecinos de Campos? ¿A la intemperie, expuestos al clima tropical, al que se debe añadir el explosivo clima de violencia? Una forma de atender realmente los problemas sociales de “su” estado obligaría al gobernador en funciones –el que sea— a atender a esas personas que fueron desalojadas en la población de Campos. ¿Cómo? Bueno, lo más indicado sería apoyarlos para que se reubiquen en otro lugar que no tenga problemas legales y conseguirles créditos para que compren o construyan sus casas de nuevo. Esa es la verdadera labor social de un gobierno, no pinches becas y apoyos clientelares para tener asegurado el voto a favor de Morena.
En el neoliberal gobierno de Fernando el Nene Moreno Peña, aunque por razones diferentes, hubo que desalojar a familias de la comunidad de La Yerbabuena, Comala, pegada al Volcán de Colima, por los riesgos que había ante la violenta actividad de nuestro coloso de granito. Hubo quienes no se quisieron salir de una zona en la que habían vivido por décadas, pero otros aceptaron cambiarse a tierras menos peligrosas. A los que aceptaron abandonar el lugar se les aseguró un nuevo hogar y la seguridad de que no los alcanzaría la furia del volcán. Los otros no quisieron salir, pero esa ya fue su propia decisión.
Y si les llegaba a pasar algo, ese era su problema, no del gobierno. Algunos años más atrás, Elías Zamora Verduzco, a la sazón presidente municipal de Manzanillo, sentó las bases –que concretizó como gobernador— para trasladar a un lugar seco y seguro a muchas humildes familias que vivían en el conocido Barrio de Palafitos, quienes estaban asentadas –con palafitos— sobre agua y lodo de la laguna de Cuyutlán. Bueno, eran gobernadores neoliberales, Fernando y Elías, pero al parecer mucho más afectivos que esa que se cree la segunda Griselda Álvarez, que en septiembre próximo no tendrá nada por informar en su primer año de desgobierno.
A todo esto, ¿alguien sabe si ya ha graznado algo sobre el tema la mazorquera, impresentable, zafia, primitiva y rencorosa alcalde de Manzanillo, la reiterativa Gris Celda Martínez Martínez? El poblado de Campos es parte de “su” municipio y, por tanto, algo tienen que ver los desalojados con su desgobierno. La tía es igual de insensible que Indira Vizcaíno, pero algo tiene que decir sobre esa gente que se quedó sin hogar de la noche a la mañana.
2Bibiano Moreno y 1 persona más