La sumisión y servilismo del diputado morenaco Armando Reyna Magaña hacia Indira Vizcaíno Silva no está a discusión: si se tratara de elegir, no dudaría ni un instante en dejar el cargo de presidente de la Junta de Gobierno y de la bancada de Morena en la LX Legislatura local, con tal de proteger –como alfil de la reina en una jugada de ajedrez— a la reina, que en este caso es la #GobernadoraAltozano. Bien: estoy seguro que, gustoso, el tecomense se sacrificaría por su jefa política; el dilema, empero, es saber si el resto de los diputados está dispuesto a pagar por las violaciones a leyes electorales que cometió esa mala mujer.
En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se andan con medias tintas: tras haber sido impugnada en la sala regional de ese organismo autónomo, con sede en la ciudad de Toluca, el pleno confirmó la sentencia que se había dado a partir de una denuncia presentada por la dirigencia nacional del Movimiento Ciudadano (paradójicamente, a nivel local el MC es incondicional de la expresidenta municipal de Cuauhtémoc), donde se destacaba sobre las reiteradas violaciones a la ley que prohíben actos anticipados de campaña o llevar a cabo proselitismo en plena veda electoral, entre otras más.
No es que Indira tenga alguna otra instancia a la cual acudir para que la protejan y le otorguen impunidad total, puesto que ya lo determinó la máxima autoridad en la materia en México; sin embargo, en virtud de que la decisión para ignorar al TEPJF o proceder en contra de la destitución de Indira Vizcaíno se encuentra en manos del Congreso del Estado, hoy en manos de la mayoría morenaca y aliados, falta saber el desenlace de una serie que ya está en el último capítulo de la primera temporada. Así, el dilema es: ignorar a los magistrados del Tribunal o acatar las instrucciones dadas.
Como bien se dijo en la columna Xpress´o de ayer, publicada en el imprescindible portal PXPress, en la Comisión de Responsabilidades se encuentra el dictamen desde hace más de tres semanas, pero hasta ahora no lo han subido al pleno por instrucción del servil diputado Armando Reyna, pues en la discusión sólo hay dos sopas: se aprueba lo que dicta la sentencia del TEPJF o se ignora. Por supuesto, no hacerle caso al máximo tribunal del país tiene sus consecuencias, pues si no se sanciona a la violadora Gobernadora Altozano, los propios diputados corren el peligro de ser ellos los destituidos de sus cargos por desacato.
La denuncia en contra de Indira Vizcaíno está bien sustentada por el MC nacional, pues no en una ni en dos veces, sino en varias es que violó la ley con la firma de desplegados de apoyo a amlo en plena veda electoral, así como por participar en deliberados actos anticipados de campaña, donde todos los culpables son miembros de Morena, entre los que está la gobernadora de Colima.
La mujer intentó alegar en su defensa argumentos que no convencieron a los magistrados, que al final hicieron lo correcto y la condenaron a pagar, aunque los diputados son los que tienen la responsabilidad histórica para activar la guillotina. De hecho, a la sentencia dada por el TEPJF se le hizo el siguiente agregado: que, si en lo sucesivo estos mandatarios vuelven a violar la Constitución, podrían perder la condición de contar con un modo honesto de vivir, lo que tendría como consecuencia que serían inelegibles para contender por otro cargo de elección popular.
A excepción de Claudia Cheinbaum Pardo, que quiere ser candidata de Morena a la presidencia de la República en 2024, la sentencia no les quita el sueño a los gobernadores (incluida la de Colima). Pero la sentencia para el caso específico de Indira Vizcaíno debe seguir su curso, así la ande retrasando todo lo posible el abyecto Armando Reyna. La orden del TEPJF al Congreso del Estado de Colima es muy clara: destituyen e inhabilitan a la Gobernadora Altozano o la dejan en paz. Si pasa esto último, por la proverbial sumisión del Legislativo hacia el Ejecutivo, las consecuencias serán de fatales consecuencias para los 25 diputados locales por desacato a una autoridad superior, al convertirse en delincuentes electorales.
Por tanto, la pregunta obligada es: ¿los legisladores de los diferentes partidos ahí representados van a desdeñar la indicación del Tribunal o, por el contrario, actuarán en consecuencia? De los morenacos y aliados no lo dudo, pero ¿y los demás qué? Es más: en un momento dado, diputados morenacos como el sombrerudo Alfredo Álvarez Ramírez, Sonia Hernández Cayetano, Isamar Ramírez Rodríguez o Julio César Cano Farías, que ganaron su posición en las urnas, ¿estarían dispuestos a que los destituyan del cargo por no actuar en contra de la omisa y negativa Indi? Y ya no digamos Fernanda Salazar Martínez, Crispín Guerra Cárdenas, Miguel Ángel Galindo Barragán o Jesús Dueñas García, del PAN y del PRI, de los que dudo mucho que antepongan su propio sacrificio por culpa de la delincuente que es una violadora serial, como es el caso de Indira Vizcaíno. Así, pues, el dilema no tiene vuelta de hoja: o se larga Indira o se largan los diputados. ¿Quién tomará las de Villadiego? Es que es para una tarea.
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