CON MOTIVO del asesinato de Roberto Chapula de la Mora, el dirigente estatal del PVEM, Virgilio Mendoza Amezcua, posteó en su cuenta de facebook que “es nuestro más grande deseo que las políticas públicas en materia de seguridad sean analizadas de manera integral por los diferentes órdenes de gobierno, y que las familias colimenses puedan dejar de vivir bajo la situación de inseguridad que nos ha arrebatado a nuestros seres queridos”. Entre líneas, el dirigente del PVEM está pidiendo un cambio en la estrategia que se emplea para disminuir la inseguridad en Colima.
MI SINCERO pésame a familiares y amigos de Roberto Chapula de la Mora. Abogado, político y, sobre todo, amigo. Qepd Licenciado.
ENTRE TRABAJADORES de la Secretaría de Salud hay sospechas sobre el manejo de los recursos del FAS 30 del SNTSSA, pues están solicitando que se aplique una auditoría externa a este fondo de ahorro porque se manipula el propósito de este mismo “por otros intereses diferentes y ajenos al de los trabajadores”, tal como lo expusieron verbalmente en las pasadas asambleas parciales de este fondo en Tecomán y Manzanillo (los de Colima tuvieron que votar hasta 3 veces para autorizar los cambios). En petición que hicieron a los integrantes del comité estatal del FAS 30, trabajadores y socios del fondo señalan que tal supervisión es con la finalidad de transparentar el estado real que guarda el FAS 30 y se informe de las recomendaciones y observaciones legales derivadas del resultado de esta auditoría y también se delimiten las responsabilidades de quienes participaron y generaron cualquier anomalía, acto incorrecto, violación a la regla, daño al patrimonio y daño financiero al fondo, en perjuicio de los trabajadores. Inclusive, dicen, si se derivan conductas ilícitas, que se responsabilice y sancione a los autores.
YA QUE andamos en Salud, hay que decir que el gobierno, el patrón, sigue teniendo pendientes con los trabajadores de la Secretaría de Salud, ya que se continúa debiendo a 96 trabajadores del Hospital Materno Infantil de Villa de Álvarez el retroactivo salarial del 2021 y que el tabulador salarial se les actualice, pues les siguen pagando con el tabulador del 2020. Tampoco se ha cubierto a 28 trabajadores de la salud el estímulo de antigüedad correspondiente a 2020. Todo ello lo recordaron los trabajadores de la SSA en la marcha obrera del pasado domingo, por lo que esperan que la gobernadora del estado haga gestiones para que el gobierno federal y estatal aporten los recursos que se requieren para cumplir con esta justa demanda. La anterior administración estatal dejó grandes boquetes en un lado y en otro.
EL HECHO de lograr que la gobernadora al parecer se sentara en la mesa de negociación salarial es un avance importante para los trabajadores sindicalizados en su demanda porque se revise la propuesta que hizo el gobierno del estado y analice la contrapropuesta que están haciendo los burócratas estatales. El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Martín Flores, aseguró que “hoy (ayer) mismo, el sindicato tendrá el compromiso de la reunión de trabajo con la Gobernadora, para avanzar en los temas que tenemos pendientes”. A nadie conviene un conflicto laboral, por lo que ambos tendrían que ceder en sus intenciones para llegar a un acuerdo.
NO LO había escuchado, pero la visión que expusieron expertas en temas sociales y legales sobre la impunidad relacionada con una cultura machista que normaliza la violencia contra las mujeres es acertada. Señalan que este delito prevalece por un sistema legal que está inclinado a la impunidad, una cultura machista que normaliza la violencia a las mujeres, que tardará aún décadas para cambiar, y por los intereses políticos a los que importan más contar cifras bajas en feminicidios que las vidas de las mujeres en riesgo. Desgraciadamente, nos están diciendo que la violencia contra las mujeres va a continuar por más años.
EN EL tema, legisladores federales acusaron a gobiernos locales de simular acciones en beneficio de las mujeres y de cumplir recomendaciones emitidas de manera oficial en alertas de género; es decir, son omisos ante la violencia hacia las mujeres. Ahora sí, diputados de Morena, PRI y PAN coincidieron en considerar el incremento en las desapariciones de mujeres y la violencia feminicida como una emergencia nacional y advirtieron de la ausencia de acciones por parte de fiscalías, gobiernos y congresos estatales, así como de las instituciones federales responsables de atender esta crisis. Quizá sea un sueño guajiro, pero esperamos que ahora que las mujeres están arribando al poder en los estados se avance realmente contra esa impunidad y machismo con acciones que no sólo disminuyan la impunidad, sino que también prevenga esta violencia contra ellas.
POR CIERTO, es importante que las universidades públicas del país se unan en favor de la seguridad de sus alumnos. Y es que las instituciones de educación superior que comprenden la Región Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior (Anuies) -entre ellas la de Colima y su rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño- se sumaron a la exigencia de justicia tras el ataque que perpetraron elementos de la Guardia Nacional en contra de estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG). En un posicionamiento firmado por los rectores de 5 universidades (Autónoma de Aguascalientes, Autónoma de Nayarit, de Guadalajara, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de Colima), se expresa la solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad universitaria de la Universidad de Guanajuato y exhortaron a las autoridades correspondientes para que realicen una investigación expedita y apegada a Derecho, garantizando una correcta impartición de justicia. Asimismo, llamaron a la unidad para hacer frente a la violencia impune que se padece en el territorio nacional. Y sí, sólo con unidad se logran grandes cosas.
EL PRESIDENTE López Obrador dijo aquí el 25 de febrero de este año que regresaría a Colima en tres meses para analizar lo que se ha realizado para disminuir la inseguridad que aumentó en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, principalmente. Faltan 22 días para que se cumpla el plazo y no se ve claro el panorama que indique que las cosas van por ese camino.
