En octubre del presente año, cuando le dé lectura a su informe de labores, el magistrado Bernardo Alfredo Salazar Santana, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), le dirá adiós a su privilegiada posición política. No podrá prolongar su reinado por más tiempo no sólo porque ya no se lo permite el reglamento interno, sino porque –y lo más importante— no cuenta con el respaldo de la cuatrotera #GobernadoraAltozano, quien tiene toda la intención de que los tres Poderes constitucionales de Colima queden en manos de féminas; al menos, claro, aunque sea por un corto tiempo.
No es, por cierto, un sueño original: ya lo hizo Griselda Álvarez, en su oportunidad, cuando encabezó en Colima el Poder Ejecutivo; Yolanda Delgado, el Legislativo, y Margarita Torres Huerta, el Judicial. En la actualidad, dos Poderes se encuentran en manos de las del sexo bello y pertenecientes al partido de los nuevos ricos: Indira Vizcaíno Silva, en el Ejecutivo, y la diputada Viridiana Valencia Vargas, en el Legislativo. Falta, por tanto, el Judicial, donde está claro que Bernardo Salazar no hará huesos viejos al frente del STJE, lo que le representa en estos momentos poco más de 30 mil pesos adicionales, aparte de su generoso salario de más de 100 mil del águila mensuales. El Poder Judicial no está en su mejor momento; más bien, nunca lo ha estado, pero con Bernardo Salazar está peor.
“El Supremo Tribunal es un cochinero”, resume en una frase un abogado ese Poder, que es una especie de Sodoma y Gomorra en la que no se filtra nada –o casi— hacia afuera, atenidos todos sus integrantes a aquello de que lo que ocurre en Las Vegas y que aplica aquí para todos los efectos prácticos: lo que pasa en el Poder Judicial se queda en el Poder Judicial. El presidente magistrado lo sabe muy bien, de ahí que ni siquiera pueda meter al orden a un juez corrupto como José Villalvazo Martínez, pues el tipo ya le tiene tomada la medida.
En su momento, gracias al propio Bernardo Salazar, el juez llegó con todos los honores, directo desde Manzanillo, para convertirse en juez Cuarto de Lo Familiar en la capital del estado. Muy poco duró la sana convivencia: sabedora de que ya había una mala relación, la madre de un hijo fuera del matrimonio del presidente del STJE demandó a su expareja ¡ante el juez José Villalvazo!, quien le ordenó a su jefe dar pensión alimenticia a la demandante por un 16 por ciento, una cantidad muy alta, aunque justificada en alguien que recibe actualmente cerca de los 140 mil pesos al mes.
Así, pues, derrotado por tener que pagar tan alta pensión alimenticia fijada por un juez que ahora es su enemigo, Bernardo Salazar no puede llamar a cuentas a ese mismo que hace y deshace con el caso de dos juicios sucesorios, lo que denuncié en esta columna de culto la semana pasada. Ah, pero no es el único caso que maneja José Villalvazo de manera irregular: hay otro en el que cuatro hermanos andan de pleito por una herencia, pero el juez dice que todos deben estar de acuerdo, cando es suficiente con que haya mayoría.
Obvio: tres contra uno es una clara mayoría, pero el juez quiere el consenso de los cuatro. ¿Qué tal? El ranchito propiedad del juez José Villalvazo se encuentra en la línea divisoria de los estados de Colima y Jalisco, pero en realidad está del lado jalisciense, para que no quede huella. Ese inexplicable bien, además de su extraño proceder, no puede ser reprendido por Bernardo Salazar por el antecedente señalado. No es el único, por cierto, que hace dagas: el magistrado Miguelito García de la Mora se entusiasmó tanto con una empleada del Poder Judicial, que ella fue ascendiendo vertiginosamente, ante la sorpresa de otros con años de trabajo y que no pueden escalar en la pirámide burocrática ni por decreto presidencial.
O sea: el Poder Judicial utilizado para favorecer a amantes, amiguitas y amigotes, lo que hace que suene lógico eso de que el Poder Judicial es una sucursal de las bíblicas ciudades de perdición llamadas Sodoma y Gomorra. Claro: aquí no estoy en contra de que alguien tenga a su segundo o su tercer frente, si su capacidad económica y su labia se lo permite: lo cuestionable es que se haga con cargo al erario público, como es el caso del STJE.
En este sentido, sin ánimo moralista de mi parte, me parece que eso que hacen estos magistrados es inmoral. De manera, pues, que la suerte está echada en el Poder Judicial: terminado su tiempo de presidente del STJE, a Bernardo Salazar lo sustituirá en el cargo una mujer. Lo anuncio con bastante tiempo de anticipación, pero no porque el hecho sea irremediable, sino porque los diez magistrados están divididos y, por tanto, no tendrá consenso el delfín –si es que tiene uno— del actual magistrado presidente.
Además, cabe hacer la aclaración, por una larga tradición, los magistrados son institucionales y, al final, se decidirán por el que les dicten desde el Ejecutivo. Y es que nadie tiene cara para reclamar nada: se hallan en entredicho.
