No cabe ya la menor duda de que los casos de acoso escolar y violencia de género han pasado a ser prioritarios para la agenda pública local y nacional, no sólo porque cada vez se denuncian más (y con más fuerza) sino porque cada vez se actúa con mayor prontitud y rigor a la hora de imponer las sanciones.
No bien se había salido de un caso de violencia de género denunciado por estudiantes de la Escuela de Música de la Universidad de Colima, al cual las autoridades universitarias dieron pronta y expedita atención, irrumpió otro caso en la escuela secundaria Mario Anguiano Moreno relacionado también con este mismo tipo de faltas, en donde un profesor presumiblemente actuó de manera inapropiada con alumnas de esta escuela.
Para el caso de acoso de la Anguiano Moreno, la propia gobernadora se vio en la necesidad de anunciar en su página personal de Facebook que se había separado de sus funciones al profesor y se había iniciado una investigación por los hechos que se le imputan, advirtiendo que casos de acoso escolar, violencia de género, etcétera, tendrían cero tolerancia en su gobierno, y más si consideramos que el gobierno indirista se ha caracterizado desde un principio por darle relevancia al empoderamiento de las mujeres tanto en la vida pública como privada.
Así, pues, creo que se ha hecho lo pertinente con respecto al caso del maestro de la Mario Anguiano pero también creo que para este particular caso, que conozco especialmente bien, se ha estado actuando con demasiada dilación pues este profesor (cuyo nombre omito por razones de privacidad y para no entorpecer el debido proceso) tiene un historial ya largo en este tipo de conductas y no parece que todavía se le haya hecho justicia a sus presuntas víctimas, con lo cual se les ha dejado en estado de vulnerabilidad no sólo a ellas sino a todas las alumnas que han estado en peligro latente de correr con la misma suerte.
Es importante, pues, que los casos no sólo se denuncien y tengan su debido curso (sin obviamente atropellar los derechos de las partes, presumibles víctimas y victimarios) sino también que se llegue al fin último de todo proceso legal: la justicia. Sin la debida justicia no se genera sino más rabia e irritación social y eso es lo que en ocasiones produce las irrupciones (algunas veces desproporcionadas) en casos relacionados con este tipo de agravios.
Es importante que nos pongamos en los zapatos de las víctimas e incluso de los familiares de éstas (a ningún padre de familia le gustará que su hija se vea envuelta en un caso como éste y las autoridades desoigan su denuncia), y entonces actuemos en consecuencia.
Dicho lo anterior, como lo he dicho previas colaboraciones, es de suma importancia que casos como estos no queden impunes, y que si el maestro es encontrado culpable de estos agravios en contra de estas alumnas, se le imponga un castigo ejemplar para que todo el resto del gremio tome conciencia de la importancia de actuar con profesionalismo y respeto en el desempeño de su labor docente.