La presidente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima, María Elena Adriana Ruiz Visfocri, amenaza con bajar las cortinas de este organismo responsable de organizar los comicios locales trianuales, porque no le fluye de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado como debiera, el “cash” que tiene autorizado por el Congreso del Estado. Ella estima que a duras penas le ajustaría para llegar al próximo mes de mayo de 2022. La insuficiencia de recursos financieros no solamente le pega a la operación del Instituto sino también a las prerrogativas de los partidos políticos.
A los dos principales partidos políticos opositores a la 4T, Revolucionario Institucional y Acción Nacional, les siguen descontando el 50% de sus prerrogativas por concepto de pago de multas por violaciones a la Ley Electoral Vigente, que datan de tan lejos como las comicios de 2015. Además, sobre ambos pesan laudos laborales que, para cubrirlos, sus actuales dirigentes tendrían que vender hasta sus camisas y otras prendas.
En septiembre anterior, el Presidente del CDE del PRI, Arnoldo Ochoa González, se le lanzó a la yugular al ex del mismo, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, señalándolo de causarle a su partido multas “por cerca de 10 millones de pesos que nos sancionan cada mes con el 50% -de las prerrogativas-, son 248 mil pesos”, supuestamente originadas porque el notario porteño “no concluyó el edificio de Calzada Galván, además por haber cambiado las cuentas del partido a una cuenta individual”. Del monto de los pasivos laborales que, tarde o temprano deberá pagar, Ochoa González no ha informado nada al respecto.
En Acción Nacional sus ex dirigentes estatales inauguraron la tradición de auto pagarse jugosas liquidación (cientos de miles de pesos) al concluir sus encargos, como si fueran trabajadores asalariados y no políticos militantes. Como los malos ejemplos cunden, alentados por el nefasto Jorge Luís Preciado Rodríguez ( por cierto el principal causante de las altas multas que él mismo provocó con su desaseado desempeño como candidato a gubernatura que fue en 2021), hasta una docena de sus secuaces incrustados en comités directivos anteriores, demandaron laboralmente, litigios que su ex yerno Miguel Alejandro “El Mono” García Rivera dejó intencionalmente perder, complicidad cuyas consecuencias tienen entrampada a la nueva dirigencia estatal encabezada por Julia Jiménez Preciado.
Entre los acreedores laborales del CDE de PAN, una docena de ellos, destacan por los altos montos fincados, familiares e incondicionales del bribón de siete suelas Preciado Rodríguez, a quien en la contienda electoral interna panista celebrada en diciembre de 2021, los militantes blanquiazules le apalearon a su candidata Dania Ivette una Corona, dos votos a uno. Perdieron de calle la elección, pero le entregaron a Julia una manzana envenenada.
Si en bonanza financiera ni PRI ni PAN hacían trabajo partidista entre elecciones, mucho menos lo realizarán ahora que están tronándose los dedos como la Bartola. Ambos seguirán en su mediocre papel de partidos electoreros esperando sobrevivir para contarla en el proceso electoral de 2024. Partidos pobres, pobres partidos. ¿ O cómo va la tonada ¿
Como quienes se enriquecieron en los cargos públicos que ocuparon gracias a las bolsas de trabajo panistas y priistas, y los “empresarios” que se hincharon de lana haciendo “negocios” al amparo de gobiernos estatales y municipales de los mismos colores, no auxiliarán económicamente ni al PAN ni al PRI, estos seguirán con el agua al cuello.
EL ACABO
*Da en el blanco el Coordinador de la Facción del PAN en el Congreso del Estado, Crispín Guerra Cárdenas, al afirmar que “la inseguridad y la violencia han afectado más que la pandemia al sector productivo de la entidad”.
*También, cuando señala que “en el gobierno (de Indira Vizcaíno Silva y Rosa María Bayardo Cabrera) “no existe un plan estratégico de reactivación (económica) y por el contrario, en estos primeros 4 meses de la nueva administración no existe ningún anuncio sobre nuevas inversiones que generen empleos”.