Derivado de proceso amañado, el profesor de Educación Física Máximo Puente, presentó y le fue recibida, una denuncia ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la corrupción, formal denuncia por hechos que pudieran resultar constitutivos de delito, en materia de corrupción, por el ejercicio indebido del Servicio Público y contra de las autoridades responsables de la Secretaría de Educación y Cultura y la Coordinación de los Servicios Educativos del Estado de Colima y diversos servidores públicos adscritos a la misma, por todas y cada una de las irregularidades vividas en mi proceso como docente, para acceder a una promoción a funciones de supervisor de educación física, así como la serie de irregularidades que han sido de mi conocimiento, respecto de otros procesos, en los que, con el ánimo de beneficiar a las personas afines a sus intereses, modifican sus convocatorias, omitiendo requisitos legales que no pueden obviar, argumento supuestas adecuaciones a contextos regionales y locales, con el único afán de favorecer sus propios intereses, pero alejados de todo marco normativo, mismo que se rige desde la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual dispone que la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión, se debe realizar a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones, mismos que deben ser públicos, transparentes, equitativos e imparciales; lo cual no acontece en el estado de Colima.
Las autoridades denunciadas, incurrieron en actos de corrupción, violentaron mis derechos para acceder a una promoción vertical, dejándome por 4 años consecutivos sin una plaza a la que tenía derecho, argumentando no estar obligados, pero disfrazando esa necesidad con la asignación de funciones de supervisión la cual irregular, no atiende ningún principio legal, además de permitir que participara en el proceso del ciclo escolar que transcurre, una persona que no cumple con los requisitos de ser docente frente a grupo como lo establece el Acuerdo que rige el proceso, modificaron una convocatoria para permitirle su participación, no me convocaron al evento público en el que se otorgó su plaza, no atendieron conforme a derecho mi recurso administrativo en el que denuncié tales irregularidades y al día de hoy, siguen infringiendo la ley, lo cual no solo violenta mis garantías, sino también lesiona el interés superior de las niñas y los niños y los derechos de muchas maestras y maestros en la entidad.
Hago un llamado a la comunidad docente para alzar la voz y salir a denunciar las irregularidades y atropellos, sé que no es sencillo hacerlo, pero es la única manera de impedir se sigan presentado tales desacatos normativos en perjuicio de todas y todos.
Nuestra Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo ha dejado claro que no va a permitir ni tolerar ningún acto de corrupción, por lo que, confió en que las instituciones a las que he recurrido para denunciar tales actos, hagan lo propio y en su momento ejerciten la acción penal a quienes resulten responsables de tales infracciones al Código Penal del Estado.
“Aquí estoy compañeras y compañeros el día de hoy, celebro mi existencia siendo quien soy, porque nunca me callaré una injustica, más aún cuando afecta los derechos de las y los trabajadores de la Educación”. Es fácil juzgar y sentirse aludido, desde la óptica del privilegio, pero la justicia implica no ajustar ni enmendar ningún proceso para permitir que quienes no tienen la posibilidad jurídica, participen de lo que no les corresponde.