Colima a pesar de que es un estado pequeño y con una población menor al millón, con solo 731,391 habitantes, y que representa el 0.6 % del total del país, el Supremo Tribunal de Justicia y la fiscalía General del Estado no se han modernizado de conformidad a la demanda actual de la población ni a la problemática social que hoy vivimos.
Nuestros amigos vecinos chillaron de rabia porque en un operativo su auto se lo llevaron al corralón por portar un permiso fuera del estado, dijeron que el burocratismo impera en las mesas del ministerio público para lograr tan solo la liberación de su vehículo, se avientan hasta de 30 días para liberarlo, obligando a pagar pensión vehicular, cientos y cientos de vehículos mejor se pierden en los casos de accidentes de tránsito si se van a juicio, y es que la ley y los procedimientos son engorrosos y muy burocráticos en los ministerios públicos y juzgados.
No hay un juzgado o Ministerio Público especializado en accidentes de tránsito donde podrían comisionarse a personal especializado, y resolver con rapidez, no existen a pesar de que Colima está considerada como una de las ciudades con más vehículos en el mundo, y en relación al número de su población.
La reforma judicial debe ser permanente e implica una renovación constante en su operación para generar una justicia más ágil y eficiente en ambas dependencias, tanto en el Tribunal Superior de Justicia como en la Fiscalía General de Justicia, para estar al tanto con los cambios sociales, técnicos y culturales generados en los últimos años, y así cumplir con la denominada justicia pronta y expedita.
LAS BARRAS Y COLEGIOS DE ABOGADOS NO APOYAN
Muy mal papel han jugado la mayoría de las barras y colegios de abogados para promover, vigilar, motivar, empujar o participar en la modernización de la aplicación de la justicia, al menos no sabemos que organicen congresos, conferencias, reunión de análisis, debates, declaraciones o posicionamientos para presentar iniciativas de reformas o mejorar la justicia en nuestro estado, señalan que hay apatía porque las autoridades y legisladores locales nunca tienen tiempo para asistir a los eventos, pero esa no es justificación porque las asociaciones de abogados debe importarles más a la sociedad, a la ciudadanía, a los líderes sociales o de opinión, a los empresarios, a los medios informativos y los partidos que deberían estar mejor enterados de la problemática.
DESORDEN EN LA JUSTICIA FAMILIAR
La justicia familiar en Colima está muy desordenada, pareciera que el Supremo Tribunal de Justicia ha perdido en los últimos diez años su visión general de su función para reorganizarse, modernizarse y vigilar más a los diferentes juzgados familiares por su pésima y lenta actuación, el burocratismo que campea mucho con los actuarios, pues son la mayoría estudiantes recomendados por los funcionarios y van cuando tienen tiempo, sin compromisos profesionales porque ni son abogados ni actúan con rapidez, para una notificación tardan hasta 4 meses argumentando que no tienen para gasolina y hay evidencias de anotaciones falsas que hacen mintiendo que no encuentran los domicilio cuando en el Google Maps están a la vista.
La semana pasada acompañé al Ministerio Público Familiar a un trabajador que fue denunciado por décima vez por su ex esposa, que por cierto ella tiene otros dos niños con diferentes papás, mismos que también fueron denunciados pidiéndoles dinero y exigiéndole al trabajador casi todo lo que gana, quizás esa señora les demanda eso mismo a los demás padres, y los obliga a pagar abogados porque dichos ministerios públicos y juzgados familiares son indolentes, no investigan nada, lo curioso y absurdo es que observé que en dichas oficinas del ministerio público y juzgados familiares laboran puras mujeres, y solo ellas tienen el control aplicando -no la justicia sino la venganza- y el odio enfermizo de algunas parejas, no hay ningún hombre allí solo los que son citados, la equidad de género no funciona allí y es donde emiten las restricciones penales fast track, las emiten de volada, tienen un formato, y basta una simple denuncia al MP de una mujer sin acreditar nada de su dicho o de los supuestos hechos, nadie investiga nada si son ciertos o falsos, y así emiten la restricción y exigen los montos de la pensión alimenticia y eso genera más violencia, perdieron la equidad de género y el objetivo de lograr la armonía familiar cuyos niños a ningún juzgado les interesa sus convivencia.
La justicia familiar en Colima empezó a modificarse desde 2008 y en 2009 inició con la denominada aplicación de la justicia contra la violencia a las mujeres, eso está bien, pero ahora se pasaron de la raya el movimiento feminista porque la justicia familiar está exclusivamente en manos de las mujeres, la Juez familiar, la Secretaria de Acuerdos, las psicólogas, el Trabajo Social está en manos solo de damas, no hay un solo hombre para juzgar conflictos familiares, quizás por eso éstas empleadas trabajan bajo un principio: “los hombres son culpables de todo y todas las mujeres son inocentes».
Son muchos los abogados que cuestionan severamente esta irregularidad estatal pero las barras de abogados no dicen ni pío, por ello cientos y cientos de padres de familia se quejan por el mal trato institucional a los hombres, a la juez no le interesa si el niño o la niña desea convivir con su padre, perdieron el objetivo social, en nada les interesa la buena formación conductual y psicológica de los niños, no los reúne en familia, no investigan nada, ¡Que lamentable!.
