La ola de acontecimientos violentos suscitados en los últimos cuatro meses (en los cuales han perdido la vida más de 250 personas, entre ellos seis policías, niños y mujeres inocentes) indican claramente que lo que se está viviendo en Colima todavía es poco comparado con lo que se espera por venir: más actos terroristas no sólo entre la sociedad civil sino, incluso, entre las instituciones, la clase política y el sector empresarial.
Para aquellos que todavía son reacios a clasificar como actos terroristas una bolsa de plástico con restos humanos en el interior encontrada a plena luz del día en una calle cualquiera o una cabeza humana sobre una cartulina abandonada a las afueras de algún palacio municipal, preciso es decirles que todo acto que tienda a generar terror entre la sociedad civil es un acto terrorista.
Por eso, una acuciosa lectura entre líneas sobre lo acontecido hasta el día de hoy con respecto a la ola de violencia que vive nuestra entidad, indica claramente que la espiral de violencia no ha logrado su cometido y que ésta se verá obligada (como ya lo está haciendo) a escalar todavía más en las próximas semanas y meses, todo lo anterior ante una autoridad un tanto impávida que todavía no encuentra una forma efectiva de enfrentarla y contenerla.
Si bien esta ola de violencia ha cobrado la vida de muchas personas inocentes (no hace mucho nos condolíamos con el crimen de una menor de trece años, y poco antes de una maestra muy apreciada en el gremio magisterial), lo que se espera ahora es que esto afecte directamente de manera más recrudecida, como he dicho, a las instituciones (de gobierno, educativas, etcétera), a la clase política y al sector empresarial, estos últimos además ya con meses padeciendo los embates de la crisis económica derivada de la pandemia.
Los atentados contra el propio Estado (los crímenes a miembros de sus corporaciones policiales y ministeriales) son una clara muestra de cómo el crimen organizado tiene en sus manos el control de la paz y el bienestar social y está utilizándolo a su voluntad, a fin de cumplir sus propios objetivos empresariales.
Por eso, y dada la crisis social que esto ha producido, más la económica que se precipitará en los próximos meses, las autoridades (estatal y municipales) deben urgentemente replantear su plan de combate a la violencia si no se quiere que esta difícil crisis de violencia que padecemos irrumpa en escuelas públicas y privadas, universidades y tecnológicos, oficinas de gobierno estatal y municipal, negocios, etcétera, entes que, a estas alturas, deberían en estos momentos de estar ya preparándose para protegerse de que esta nueva escalada por venir afecte a alguno de los miembros de su comunidad, corporación o agrupación.
No podemos pensar en la violencia como algo que les sucede nada más a los otros, sino como una posible y real amenaza a nosotros mismos o a algún miembro de nuestra familia y, sobre todo, como un dolor que, derivado de eso, nos cambiará la vida para siempre.
Si lo pensamos de esta manera, entonces estaremos en condiciones de buscar todos los medios para evitarlo, como individuos y como colectividad. Espero, pues, que todos aquellos (individuos, instituciones, etcétera) que precien su vida y la de su colectividad tomen cartas en el asunto para evitar que la nueva ola de actos terroristas por venir los pueda alcanzar.
