El pasado 8 de marzo, fecha de celebración del Día Internacional de la Mujer, hubo una manifestación anónima (aunque se infiera que en ella participaron mayoritariamente mujeres) en las instalaciones del Instituto Universitario de bellas Artes de la Universidad de Colima, particularmente en la Escuela de Danza.
Sobre las paredes de este Instituto se colocaron algunas pancartas y lonas en las cuales se denunciaba el acoso sexual de algunos profesores de esta escuela y la complicidad de otros ante estos hechos. También las redes sociales (el Facebook principalmente) fueron aprovechadas por el colectivo para evidenciar los rostros de los profesores acosadores e incluso de todos sus presumibles cómplices, incluidas muchas profesoras de esta escuela.
La manifestación tenía el objetivo de causar una reacción importante en las autoridades universitarias y la respuesta por parte de ésta fue en la misma proporción, esto es, que las autoridades universitarias no tuvieron dilación en aplicar el protocolo que ya se tiene establecido para estos casos y en darle seguimiento a esas denuncias, además de darle el debido acompañamiento a las personas involucradas.
Fue incluso desde el rectorado pasado (en 2019) que el protocolo para la atención integral de la violencia de género fue implementado (aquí la liga Protocolo violencia de genero.pdf (ucol.mx) y desde entonces se ha venido dando seguimiento puntal a estos casos con el rigor que exige cada uno de los mismos, lográndose avances importantes en la imposición de sanciones a profesores que han resultado culpables de tales acusaciones, incluso con la pérdida del empleo.
O sea que el tema de la violencia de género en nuestra máxima casa de estudios ha sido tomado muy en serio por parte de las autoridades universitarias y el rector actual, Christian Torres Ortiz, refrendó hace unos días mediante un comunicado que no habrá ningún tipo de impunidad en la aplicación de este protocolo.
Sin embargo, lo que sí creo importante mencionar también es que, como la aplicación de la ley va en ambos sentidos, las presumibles víctimas de este tipo de acciones deberán también hacerse responsables de la parte que les corresponde, esto es, de no acusar y causar daños a personas que realmente no son culpables de haber cometido ninguna acción indebida.
Lo menciono porque en las recientes acusaciones que se hicieron en el IUBA se involucraron a muchas profesoras a las que se les acusó de complicidad, para lo cual se exhibieron sus rostros y se les etiquetó como tales. Acusar de complicidad es una situación bastante seria, porque lo que se tendrá que tener fundamentos para ello. La reacción de algunas de estas maestras fue de indignación, indignación que en algunos casos se hizo pública, pues se sintieron expuestas a un escrutinio público injusto, sobre todo cuando sin pruebas se les acuso de una complicidad inexistente. No creo, pues, que sea correcto que en aras de buscar justicia por un caso de violencia de género, lo cual es totalmente legítimo, se atropelle y vulnere la honorabilidad de personas inocentes, incluso de mujeres mismas. Manifestarse, cuando se busca hacer justicia, es válido, pero es temerario cuando se violan derechos de terceros.
Como lo dije, desde 2019 la Universidad de Colima ha establecido un protocolo muy preciso para atender los casos de violencia de género, el cual busca que las partes implicadas tengan los mismos derechos y obligaciones para su defensa, pero si este protocolo se violenta haciendo caso omiso de las implicaciones que conlleva acusar sin veracidad, entonces sería muy lamentable que las victimas terminen deviniendo en victimarias.
En cualquiera de los casos, sirvan actos como estos para alertar de la importancia que tiene que nuestra comunidad universitaria viva libre no sólo de violencia de género, sino de todo tipo de violencia, pues una universidad debe ser el ejemplo y el semillero de la paz, la tolerancia, el respeto y la solidaridad que se vive en toda sociedad.
