A pesar de la multiplicidad de órganos de control y evaluación gubernamental como auditorías, fiscalías, comisiones de hacienda y demás inoperantes malas hierbas que son como la Carabina de Ambrosio, “todavía hay casos emblemáticos a resolver como el cierre del gobierno estatal anterior que dejó a la administración en quiebra y provocó el impago de salarios a los trabajadores y también adeudos pendientes desde hace más de una década que requieren atención urgente. Todos estos temas deben avanzar; no se pueden quedar en lo mediático”, según la diputada local ahora petista Priscila García Delgado que no se atreve a señalar nombres, apellidos y cargos ocupados por los presuntamente corruptos exfuncionarios estatales y municipales que siguen gozando de cabal salud, algunos de ellos como el ex alcalde de Colima acusado de haber desviado 40 millones de pesos que nunca llegaron al Fondo de Pensiones de los trabajadores al servicios del H. Ayuntamiento que en mala hora para los colimenses presidió, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, converso furioso felizmente protegido con el fuero de diputado federal y furibundo promotor del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.
La legisladora García Delgado hace un público llamado para que ”los casos de corrupción que han afectado el funcionamiento de la administración pública en Colima no queden en la impunidad”, y promete y se compromete a que el Congreso Local al que por segundo trienio al hilo pertenece, sostendrá a principios de este nuevo año una reunión al efecto con la Fiscal Anticorrupción del Estado, Esperanza Ramírez Vela “cuya experiencia en procedimientos penales es una oportunidad para obtener resultados concretos”, no como el incompetente anterior Mario Ochoa García, habría que colegir.
Hace ya dos años, la misma diputada calificó de lamentable el estado de cosas entonces prevaleciente en la Fiscalía Anticorrupción donde los asuntos no avanzaban por supuesta insuficiencia de personal. La solución: “asignarle presupuesto propio a la Fiscalía Anticorrupción, y destinarle personal suficiente para realizar los trabajos”. Como a la fecha no ha habido tal, los presuntos corruptos de la última década seguirán felices y contentos gozando de libertad, riqueza y cabal salud.
Cierto es que, como señala la diputada García Delgado, “quienes ocupan un cargo público tienen la responsabilidad de dar seguimiento puntual a los casos relacionados con el combate a la corrupción”; también, que “es necesario respetar el debido proceso, ya que si no se cumplen con los requisitos legales, los casos terminan en nada, como ha sucedido en el pasado”, pero como ella misma reconoce, la ciudadanía, cansada de tanta tranza y tardanza, “espera avances tangibles en temas como el cierre del gobierno anterior“ que dejó a la administración estatal en quiebra y provocó el impago de salarios a los trabajadores”.
Como sucedió hace poco más de dos años, de nuevo los valientes señalamientos que vuelve a hacer la diputada Priscila quedarán en lo mediático, y los presuntos corruptos exfuncionarios estatales y municipales seguirán tan campantes como Don Sebas. Al tiempo. ¿Y el pueblo bueno de Colima testigo del enriquecimiento súbito de sus gobernantes y los cómplices de estos? Bien, gracias por preguntar.
EL ACABO
*Como la corrupción gubernamental desapareció de la geografía nacional desde el 1 de diciembre de 2018 por decreto emitido por el ex presidente de la República 4T, Andrés Manuel López Obrador, después de esa fecha no hay nada que alegar. Además, todos los funcionarios públicos y políticos de sangre morada pura fueron sin pecado original de corrupción concebidos, y a los ex priistas y expanistas sus muchos pecados de este signo les son perdonados en cuanto se convierten a la nueva religión política 4teísta.
*Quien esté libre de pecados de corrupción que lance el primer llamado a combatirla como lo ha hecho dos veces la diputada local petista Priscila García Delegado.
