Con la detención el jueves 29 de agosto de 2024 de siete policías municipales de Colima y uno de Villa de Álvarez presuntamente por colaborar con el Cártel Jalisco Nueva Generación pasándole información, manipulando las cámaras de video vigilancia que ni sirven ni funcionan, levantando reportes y estorbando en las detenciones de malandrines, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado de Colima, el Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia (C5i), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR), se auto cubrieron de gloria por uno o dos días.
Tras el anuncio dado con bombo y platillo por el Fiscal General del Estado, Bryan Alejandro García Ramírez, de la aprehensión de los ocho policías municipales, debe dar a conocer la detención de igual o mayor número de miembros del CJNG con quienes aquellos colaboraban para llevar a cabo sus actividades delictivas, pues no debe repetirse la película del levantamiento hecho a mediados del mes de febrero de 2011, por parte de elementos de la Secretaría de la Marina Armada de México , de 36 policías ministeriales de Colima presuntamente vinculados con el crimen organizado, durante sendos operativos llevados a cabo en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la policía municipal de Villa de Álvarez.
En aquella lejana ocasión gobernaba el estado Mario Anguiano Moreno, quien a través de su procuradora validó el abuso de La Marina al confirmar que se trataba de “una revisión de los elementos de esa dependencia porque se tienen indicios de que 20 por ciento de los policías ministeriales tendrían algún vínculo con la delincuencia, como informantes o como otra cosa”, lo que al final resultó falso pero las secuelas de la tortura a que fueron sometidos en la ciudad de México fueron reales y graves, sin que ninguna autoridad les hubiera ayudado a lidiar con ellas.
El inusual manejo mediático que de la detención de los ocho policías municipales ha estado haciendo el Fiscal General del Estado, Bryan Alejandro García Ramírez, que de pronto empezó a hablar hasta por los codos cuando antes ni pío decía, revela su interés de culpabilizar a las alcaldesas de Colima y Villa de Álvarez por los niveles de violencia e inseguridad que aquejan a las poblaciones de sus respectivos municipios, en vano intento de proteger a los gobiernos Estatal y Federal; también, distraer la atención de miles de colimenses víctimas de la violencia imperante en el estado y de la desatención a sus problemas de salud como el dengue fuera de control.
A pesar de los pesares, la alcaldesa de Villa de Álvarez Esther Gutiérrez Andrade declaró su “total y absoluta disposición a colaborar en las investigaciones respecto al agente detenido”, ratificando su compromiso de “cero tolerancias a cualquier acto fuera de la ley en el que eventualmente pudiera incurrir o haya incurrido cualquier integrante de esta administración municipal, incluida su corporación policiaca”.
En cambio, su colega de Colima, Elia Margarita Moreno González, se lamentó de que “en este operativo (para la detención de sus siete policías) no existiera coordinación por parte de la Fiscalía General del Estado con ninguna autoridad municipal, pues la forma en que se realizó generó tensión entre las corporaciones e incluso en algún momento se puso en riesgo la integridad de las personas, lo que resulta inadmisible”.
Si bien hasta ahora son sólo ocho policías municipales los detenidos por parte de los constructores de la paz, la seguridad y la tranquilidad de los colimenses que desde hace rato ya no sienten lo duro sino lo tupido, amenazan con que puede haber más, así al final de la historia sean exculpados la mayoría de ellos como suele suceder cuando los fiscales no sustentan con pruebas sus acusaciones.
EL ACABO
*El Capitán de Fragata Inocencio Guzmán de la Peña, Director General de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad y Protección Civil de Villa de Álvarez, es responsable de los elementos a su cargo, incluido el detenido que le asignó como escolta a su jefa la alcaldesa Esther Gutiérrez Andrade.
*Por su parte, el Comisionado de Seguridad y Justicia Cívica del H. Ayuntamiento de Colima, Luis Armando Méndez Ramírez, es quien debe saber los pasos, buenos, malos o regulares, en que andan los policías a su cargo como los siete que le enjauló el Bryan.
*” Nosotros lo que queremos es que la seguridad mejore en nuestro municipio, que mejore en nuestro estado y las investigaciones se hagan conforme a derecho”: Esther Gutiérrez Andrade.
