*El legislador Colimense, destacó en el pleno que centralizar las compras públicas y el ejercicio de gasto en la Secretaría de la Función Pública será otro rotundo fracaso “NO SE PUEDE SER JUEZ Y PARTE, es un vil acto de corrupción”
Ante el pleno de la Cámara de diputados este miércoles en la sesión, el legislador colimense Riult Rivera Gutiérrez, paso a tribuna exponiendo lo que el grupo parlamentario de Morena y sus aliados, están realizando con la Secretaría de la Función Pública, destacando que es una locura centralizar las compras públicas y el ejercicio de gasto en la Secretaría.
“Están pretendiendo convertir a la Secretaría en fiscalizadora y ejecutora, ya que será quien controle el ejercicio de los recursos en la administración pública federal y al mismo tiempo quien vigilará su debido cumplimiento” Destacó.
Resaltó Riult Rivera, que lo que intentan hacer está fuera de toda congruencia administrativa, ya que centralizar las compras públicas y el ejercicio de gasto en la Secretaría de la Función Pública será otro rotundo fracaso.
“Se los digo desde este momento, es una burrada más como varias que ya se han aventado, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su cara les ha revertido y que hacen enojar al presidente, como el plan A, el plan B, su plan C y hasta el X y el Z en materia electoral”.
Destacó ante el pleno, que las y los diputados de Acción Nacional no están de acuerdo con las decisiones que están tomando las y los diputados de Morena, ya que el hecho de que la Secretaría de fiscalización tenga más funciones ahora, no significa que habrá una mejora efectiva en la gestión de los recursos; o que se acabará con la corrupción que se vive en el actual gobierno.
Para finalizar recordó a las y los diputados algunos hechos suscitados durante los últimos años, y que son un claro ejemplo de porqué las dependencias no pueden ser “juez y parte”. “8 de cada 10 contratos fueron otorgados mediante adjudicación directas esto a pesar de que, el propio López Obrador prometió acabar con esas prácticas.
O bien, los más de 1,700.00 (Mil setecientos) contratos que violaron la Ley, al superar el monto que tenía permitido contratar mediante adjudicaciones e invitaciones restringidas”.
“Asimismo se utilizó en varios procesos de licitación un mecanismo de simulación de competencia pues las convocatorias para participar en la contratación fueron publicadas después de que los contratos ya habían sido firmados”.
En el área de salud, Rivera Gutiérrez destacó que; “De las dos Instituciones que contrataron por más de 40 millones de pesos, tuvieron irregularidades en medicamentos” o bien “el Instituto Nacional de Pediatría otorgó dos contratos para la compra de medicamentos de quimioterapia a una empresa, que ya había sido suspendida, por falsificación de insumos médicos.
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