México y naturalmente Colima enfrentan ahora uno de los desafíos más preocupantes de su historia moderna por la vertiginosa transformación de la problemática social, pues la criminalidad va en aumento y sin parar, y las autoridades de los diferentes niveles en nuestro estado todavía no se ponen de acuerdo para planificar un modelo bien coordinado que pudiera funcionar en nuestra entidad, es decir no hay un plan estatal estratégico bien definido, ya que la pauta o control de la seguridad pública operativa la trae el gobierno federal y no el gobierno del estado.
El gran problema según los especialistas del ramo es que las mesas de seguridad en los estados son más bien figuras mediáticas para comunicar a la población que están trabajando, pero en nada resuelven de fondo la política criminal de un estado o de seguridad pública, por ello el aumento de la criminalidad en el país es imparable.
URGE UN PLAN ESTATAL DE SEGURIDAD Ni el Gobierno del Estado o el Congreso del Estado, la Fiscalía General de Justicia y menos el Supremo Tribunal de Justicia han hecho un alto en su camino que los trae distraídos en su diferente problemática para diseñar y aplicar una nueva política criminal más moderna en cada una de las dependencias que representan y acorde a la realidad en que vivimos hoy en día, en donde incluyan hasta a la Universidad de Colima para crear también una escuela técnica policial o bien autoricen la creación de un Instituto Policial para la formación de policías.
Lamentable que los diputados locales desconozcan las necesidades reales de los cuerpos de seguridad pública y poco o nada participen para mejorar la eficiencia de los recursos aplicados a seguridad, jamás han presentado proyectos propios, por su parte la Fiscalía General, antes Procuraduría de Justicia no ha podido desburocratizarse ni para emitir un oficio para liberar a los vehículos que caen a los corralones y duran meses por la falta de un oficio, pero más complicado será iniciar la investigación de algún delito penal.
Por otra parte el Supremo Tribunal de Justicia tampoco le ha dado la importancia que merece la necesaria revisión y actualización al código penal conjuntamente con los cuerpos de seguridad pública, porque por principio de cuentas jamás se ha parado un Secretario de Seguridad Pública a las oficinas de los magistrados para operar y hacer una revisión legislativa en materia de seguridad, pero tampoco han sido invitados los responsables de seguridad para que realicen mesas técnicas de trabajo.
En síntesis no hay un plan estatal bien definido a largo plazo, en donde se diseñen las estrategias fundamentales de prevención del delito y la prevención del uso de las drogas y alcohol, tampoco hay especialistas para atender la rehabilitación de los adictos, por tal motivo afirmamos que hay una gran descoordinación en la seguridad estatal y que existe desde hace años, pues hasta las casetas de vigilancia o de policías que servían y mucho a las entradas y salidas del estado, así como en las colonias hoy están abandonadas en todo el estado, y lo están así porque muchos policías y de la ex Procuraduría fueron comisionados a ser guardias de seguridad de muchos funcionarios, ex funcionarios estatales y federales. Por ello urge pues un cambio en la política de seguridad pública estatal.
