EL GRUPO que se apoderó de la sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en 2005 con apoyo del PRI pretende alargarse más en la dirigencia sindical con el respaldo de los liderazgos priístas que controlan este partido desde que el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez se los entregara en 2018. Y para ello, ante la proximidad de la elección de la dirigencia sindical, esos liderazgos priístas que apoyaran a Dolores González Meza hace 17 años para que llegara a la dirigencia sindical ahora la respaldan otra vez para que deje a otro integrante de su grupo al frente del comité sindical, con dos propósitos: 1) mantener a los mismos en la dirigencia sindical para que le cuiden la espalda a la actual dirigente por las irregularidades que le han sido detectadas al interior de la dependencia y para que sigan adueñándose de prestaciones, códigos, puestos y demás beneficios que deberían otorgarse con justicia a los trabajadores, y 2) utilizar a los trabajadores para los fines político-electorales del PRI, que incluyen un constante enfrentamiento con el actual gobierno estatal. Y para ello, además de la promoción periodística que hacen a las declaraciones y acciones de la actual dirigente sindical, esos liderazgos priístas ahora tratan de vender mediáticamente la falsa idea de que el gobierno estatal está apoyando al aspirante más fuerte a la dirigencia sindical, doctor Audelino Guízar Olivera, con tal de dividir a los trabajadores rumbo a la próxima elección de la nueva dirigencia sindical.
EL PRESIDENTE viene otra vez a Colima. Oficialmente, estaría aquí para constatar los avances en la transición de los servicios de salud al modelo IMSS-Bienestar en el estado. Sin embargo, muchísimos colimenses esperarían que el presidente hablara sobre la grave inseguridad en el estado que los tiene molestos e intranquilos. De hecho, el presidente no ha cumplido con su compromiso de regresar a la entidad para analizar el tema o informar si se realizarían acciones diferentes para combatir no sólo los homicidios dolosos, sino sobre todo las desapariciones, las extorsiones y los robos. Además de la situación económica y de la pandemia, no pocos colimenses están preocupados y hasta desesperados por el clima de inseguridad y de violencia que se sufre en la entidad. Diversos sectores de la entidad han sido también agraviados por la inseguridad y están cansados porque esta difícil situación que acabó con la paz y la tranquilidad en Colima no comenzó ahora, sino que inició allá por el 2010, se agravó en 2016 y se agravó aún más en 2022. Han sido 12 años de asesinatos, desapariciones, extorsiones, secuestros, robos y violaciones, como nunca había sucedido en aquel tranquilo Colima.
A PROPÓSITO de la reciente declaración del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Colima, José Rentería Quevedo, en el sentido de que, debido la inflación, la inseguridad y la pandemia de Covid-19, los restauranteros han tenido mermas hasta de un 30 por ciento, nos parece que la más alta prioridad de los gobiernos debiera ser la inseguridad porque ésta le ha pegado fuerte a la vida social, económica y hasta política del país. Pero no ha sido así. Contrario a lo que sucedía en los 70 y 80, cuando el narcotráfico era la principal actividad delincuencial, ahora no sólo son los homicidios dolosos los que causan temor e intranquilidad, sino lo que más le viene agraviando a la sociedad desde los 90 son las desapariciones, extorsiones, robos y secuestros. Desde entonces, los gobiernos han fallado en su obligación de asegurar y proteger a la sociedad, por lo que ya es momento de hacer a un lado la omisión, la simulación y la complicidad y empezar a aplicar nuevas medidas y diferentes acciones para contener y disminuir este clima de inseguridad. Ya no es el tráfico de drogas lo que principalmente se tiene que combatir, sino promover y lograr el apoyo de la sociedad para reducir los delitos de alto impacto, aunque para ello se tiene que cumplir un requisito: que el gobierno demuestre que realmente está combatiendo tales delitos.
EL PRÓXIMO 10 de agosto se llevará a cabo la votación para elegir al dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, que surgirá de una de las dos planillas que se registraron y fueron ya autorizadas. Una de ellas es Transformación Sindical, encabezada por Sergio Fuentes Mendoza, y la otra es Fuerza Sindical, que representa Martín Flores Castañeda, actual dirigente de los trabajadores que busca de nuevo la reelección. Sergio es visto con simpatía por el gobierno estatal y Martín es apoyado irónicamente por el PRI, pese a que le dio la espalda en la pasada elección Constitucional del año pasado para dar el apoyo de los trabajadores a Movimiento Ciudadano y su candidato a gobernador. Sergio buscaría acuerdos que permitan respetar los derechos de los sindicalizados y hacer valer conquistas laborales, mientras que Martín obtendría para los trabajadores sólo lo que está en la ley y además le haría el juego a los priístas para desgastar políticamente al gobierno de Indira Vizcaíno y, así, restar votos a Morena, mediante críticas, desencuentros y enfrentamientos con el gobierno estatal que serían ventilados y magnificados mediáticamente. Los trabajadores conocen muy bien a ambos candidatos, por lo que no se van a equivocar en su elección.
TIENE RAZÓN la diputada local del PRI, Hilda Lizette Moreno Ceballos, al señalar que la incorporación del ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a la dirigencia nacional del PRI que encabeza el cuestionado Alito Moreno por sus escándalos y transas es una decisión lamentable que lastima a los priistas y ciudadanos de Colima. Y es que sí, los priístas tienen una tarea pesadísima, casi imposible de hacer: revertir la mala imagen de corruptos que dejaron no pocos priístas a este partido, que en los últimos años ha perdido casi todo lo que tenía en el país y en el estado. Por lo pronto, esa mala imagen priísta recibió un golpe más al darse a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) integra carpetas de investigación contra el ex presidente Enrique Peña Nieto por los delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
ES BUENO saber que la administración estatal que encabeza la gobernadora Indira Vizcaíno Silva está revisando la concesión del Parque Regional Metropolitano “Griselda Álvarez Ponce de León”, otorgada por cierto a una empresa particular para su explotación por el ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. Al respecto, la mandataria dijo que su gobierno está revisando, desde una perspectiva jurídica, ese contrato de concesión e informó que posteriormente dará a conocer a la opinión pública colimense los resultados de esa evaluación jurídica. En estos últimos años ha sido evidente que el concesionario no ha cumplido con los términos del contrato, pues existen diversas denuncias de dominio público sobre condiciones no aptas para las especies animales en cautiverio, así como animales que se han escapado y algunas otras irregularidades ocurridas en dicho lugar, tal como lo explicó la gobernadora.
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