*Son incrementos que van del 25 a más del 60 por ciento, siendo excesivos y lascivos que, si afectan las finanzas públicas del estado, asegura su líder *La gobernadora tuvo un incremento del 36.5 por ciento, ahora gana más de 131 mil pesos mensuales
El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE) Martín Flores Castañeda expresó que ante la publicación en un medio de comunicación en donde se dan a conocer los incrementos salariales que se otorgaron a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado, incluyendo a la gobernadora, el cual representa “un incremento lacerante para las finanzas públicas del estado”.
Además, dijo, es histórico, porque nunca había habido un incremento tan excesivo e ilegal e inequitativo en comparación de lo que pretenden que los trabajadores acepten.
Recordó que el pasado 1º de noviembre de 2021, fue un momento histórico para Colima, ante el arribo al gobierno de la Cuarta Transformación y la toma de protesta de Indira Vizcaíno Silva como gobernadora constitucional, en donde la mandataria estatal se comprometió a velar por el bien de Colima y los colimenses, pero “ahora con este incremento excesivo, solo se da bienestar a un grupo gobernante en detrimento de todo un pueblo y de la clase trabajadora sindicalizada, que tiene que luchar por un incremento justo, ante la pretensión de un incremento del 3 por ciento”, externó.
Fueron, dijo, 24 funcionarios públicos, los más cercanos a la gobernadora quienes obtuvieron este incremento lascivo y excesivo.
“El 8 de julio dimos a conocer, en conferencia de prensa, la aceptación del reto que la gobernadora hizo, respecto a realizar una consulta pública ante la ciudadanía si estaban o no de acuerdo con el incremento del 3 por ciento a la burocracia estatal, pero donde también pedimos que se hiciera público el incremento otorgado a funcionarios estatales y si la población estaba de acuerdo con ello”, indicó.
Hasta el momento, precisó, no se ha tenido respuesta alguna, “pero ese mismo día hubo una respuesta interna, en el gobierno del estado, en donde por medio de la red social WhatsApp los cinco jefes de unidad de transparencia de las 16 dependencias y de los nueve organismos descentralizados solicitaron que la información no se subiera a plataforma nacional, esto a pesar de que debe ser pública.
Por lo que a pesar de que ya venció el plazo para subir esta información a la plataforma nacional, no se ha realizado, la pregunta es ¡por qué no lo han hecho? Esto, porque de enero a marzo tenían un salario bruto y a partir de abril, tienen otro salario superior, en donde a los trabajadores se les dio el 3 por ciento de incremento y funcionarios, entre ellos la gobernadora tuvieran incrementos de entre el 25 y más del 50 por ciento.
Ejemplo de ello la gobernadora Indira Vizcaíno, quien tuvo un aumento salarial del 36.5 por ciento, en donde pasó de ganar 96 mil 374 pesos con 4 centavos a 131 mil 511 pesos con 28 centavos, lo que representa 35 mil 137 pesos con 4 centavos más.
Puntualizó que quienes recibieron el mayor aumento salarial, de 63 por ciento, fueron el director general de Ingresos, Alberto Cortez Martínez, así como y el director general jurídico de la Subsecretaría de Administración, Asdrubal Enríquez Melgar, cuyas percepciones pasó de 44 mil 247.32 a 72 mil 331.20 pesos.
Además, quienes también recibieron un aumento salarial fueron la directora general de Egresos, Laura González Ávalos, 61 por ciento; la secretaria general de Gobierno, Ma. Guadalupe Solís Ramírez, 54 por ciento; el secretario de oficina de la gobernadora, Eduardo Jurado Escamilla, 54 por ciento.
También la secretaria de Finanzas y Administración, Fabiola Verduzco Aparicio, tuvo el 54 por ciento; la contralora general Isela Guadalupe Uribe, 50 por ciento; el secretario de Administración, Víctor Manuel Torrero, 48 por ciento; el director general de Recursos Humanos, Pablo Galindo Morales, 46 por ciento; el consejero jurídico, Roberto Rubio, 44 por ciento.
La secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Bayardo Cabrera, 44 por ciento; la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Marisol Neri León, 44 por ciento; el subsecretario de Desarrollo Rural, Jaime Enrique Sotelo García, 36 por ciento; la subsecretaria de Movilidad, Blanca Livier Rodríguez, 31 por ciento.
La subsecretaria de las Juventudes, Karely Vázquez Solórzano, 31 por ciento; la secretaria de Bienestar Social, Inclusión y Mujeres 31 por ciento; el secretario del Trabajo, Francisco Javier Pinto Torres, 30 por ciento; el subsecretario de Cultura, José Emiliano Zizumbo Quintanilla, 30 por ciento; y el subsecretario de Turismo, Jorge Padilla, 25 por ciento.
“Se despacharon con la cuchara grande”, aseguró.
Por ello, exige, en nombre de todos los trabajadores sindicalizados y del pueblo de Colima, a las autoridades competentes, se intervenga para que investiguen y sancionen estas acciones ilegales, tanto en materia de responsabilidad administrativa, de responsabilidad política y de responsabilidad penal y financiera.
“Hago un llamado también al Congreso del Estado, Fiscalía General del Estado, a la Fiscalía Especializada en Anticorrupción, que intervengan ante estos ilícitos cometidos en la administración gubernamental estatal actual.
