Dos temas trataré hoy en esta columna de culto, referentes precisamente a temas legislativos, tanto federales como locales. Sale y vale. 1.—Tres temas proponen los diputados federales de Colima, Riult Rivera Gutiérrez y Julia Jiménez Angulo, para formar parte de la reforma electoral que se encuentra a debate en el Congreso de la Unión, donde la que pertenece a amlo, el mismo que no quiere que a su engendro le cambien ni una coma –como si el vejete fuera un pulcro y consumado redactor de leyes—, difícilmente recibirá luz verde. Así, las propuestas de los tribunos panistas colimenses son: elecciones primarias, nulidad de las contiendas cuando participe el crimen organizado, así como segunda vuelta electoral para elegir presidente de la República.
En principio, por lo que se refiere a elecciones primarias, se abriría la participación ciudadana en los procesos de nominación de candidatos a cargos de elección popular, una práctica que es ajena a casi todos los partidos políticos en México. La idea es que en los partidos se dejen de realizar prácticas cupulares que van en perjuicio de su propia credibilidad y legitimidad como organismos que debieran ser ejemplo de participación democrática, no de franquicias para reparto a discreción de las candidaturas a cargos de elección popular y de las prebendas que, por ley, hoy gozan. La nulidad de las contiendas electorales cuando se involucren agentes extraños a la democracia, como lo es primordialmente el crimen organizado, es un tema de carácter fundamental porque pone en peligro la democracia.
La sociedad en general se percató que en los comicios del año pasado en yodo el país se metió de lleno, de ahí que los tribunos Riult Rivera y Julia Jiménez busquen evitar que haya “intervención, involucramiento, acto de intimidación, amenaza, influencia de persona o personas que pertenezcan a un grupo del crimen organizado”. Más claro, ni el agua de la Ciapacov.
En cuanto a la segunda vuelta, es un tema también de acto impacto: en procesos electorales anteriores, como el del 2006, el escasísimo margen del triunfo de uno de los vencedores originó un conflicto poselectoral de dimensiones gigantescas, pues el perdedor no aceptó su derrota. Lo cierto es que en la democracia se gana o se pierde por un voto.
El caso es que, con la propuesta, se terminaría con ese posible problema: una segunda vuelta, en el que sólo participen los dos que hayan salido punteros en la primera ronda, permitirá tener certeza. Claro, sólo si en la primera ningún candidato presidencial obtiene más de la mitad de los votos.
La propuesta de los diputados panistas de Colima, hecha a nombre de su partido, incluye también otros apartados interesantes, a saber: reducir el número de senadores y de diputados federales, así como replicarlo a nivel local con los diputados en los Congresos estatales y los regidores en los cabildos municipales. Al final, de lo que se trata es de que haya menos burocracia política, que sale cara y no desquita lo que en ella se invierte.
2.—Lo que se podría considerar como un triunfo de la sociedad civil sobre los partidos y los políticos que de ellos medran, sobre todo los de Morena y sus compinches, al final de cuentas se convirtió en un mandato a medias, en una práctica coja, en una decisión que se tomó desde el sumiso Tribunal Electoral del Estado (TEE) para complacer a la #GobernadoraAltozano, en la sima (ojo: en la sima, no la cima) de su impopularidad. Así, tendrán que aprobar leyes secundarias para que haya revocación de mandato… pero dejando en libertad que el Congreso local (morenaco) fije cuándo se deberá llevar a cabo.
En buen romance, tenemos que el agachón y blandengue TEE, con María Elena Díaz Rivera al servicio del patrón en turno, independientemente del color, dejó a criterio de los integrantes de la LX Legislatura local (cuya mayoría se encuentra al total servicio del Ejecutivo en la entidad) fijar la fecha para que se lleve a cabo la revocación de mandato en Colima, lo que sucederá, por supuesto, hasta que haya concluido felizmente el desastroso sexenio de Indira Vizcaíno Silva, cuando esa mala mujer ya esté a buen resguardo en el extranjero, al frente del consulado de la tribu amazónica de los yanomami.
Si bien el TEE dio 60 días al Congreso del Estado para que apruebe las leyes secundarias que se encontraban en la congeladora porque la bancada morenaca y sus contlapaches no pudo salirse con la suya, es decir, que la revocación de mandato se llevara a cabo hasta el sexenio siguiente (2027-2033), ahora tiene el pretexto perfecto para hacerlo, al haber dejado la obsequiosa María Elena Díaz Rivera a criterio de los diputados locales la fecha que mejor les plazca para que se pueda realizar el ejercicio democrático. Y, claro, como en la otra vez no se pudo, se montarán en su macho para dejar blindada a Indira.
Difícilmente se podrá asentar en la ley que la revocación de mandato se realice durante el indirato, puesto que los legisladores de Morena y socios insistirán en que se haga en el siguiente sexenio, es decir, hágase la voluntad de Dios en los bueyes de mi compadre. Y ahora que el TEE marcó penal para que la mayoría tire a gol a la portería contraria, no es posible pensar que morenacos, petistas, verde ecologistas, emecistas y panalistas, todos a las órdenes del Ejecutivo estatal, van a desaprovechar la linda oportunidad de –como diría el Perro Bermúdez—retacar el balón “donde las arañas tejen su nido”.
Lo cierto es que el TEE de María Elena Díaz Rivera se portó cobarde con el indirato, ya que pudo haberse ajustado al espíritu del decreto federal en el que se basó amlo para su propia revocación de mandato, mismo en el que se sostiene que la ley puede aplicarse a la mitad del sexenio, no hasta el siguiente, como lo quisieron hacer desde el principio los diputados morenacos con el de la nefasta Indira, cuya administración es un asco. Así, lo ideal sería que la revocación de mandato se lleve a cabo en el 2025, no hasta después del 2027, cuando a la Indi ya no la pueda alcanzar el largo –y tullido— brazo de la ley.
2Bibiano Moreno y 1 persona más
