*Derivado de la incesante ola de violencia que azota a algunas regiones de Colima
Derivado de la incesante ola de violencia que azota a algunas regiones de Colima, el estado presenta un incremento de 85% en el número de víctimas reportadas por delito de homicidio si se compara los primeros 11 días de febrero con enero de este año.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante los primeros días del año, se presentaron un total de siete asesinatos en esta entidad del país. Mientras que para los primeros días de febrero la cifra se consolidó en 13.
Ante tal panorama, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Policía Investigadora abrió varias carpetas por los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, amenazas, disparo de arma de fuego, daños y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos por los hechos sucedidos los días 07, 08, 09, 10 y 11 de febrero, cuando se registraron diversas balaceras en diferentes puntos de la entidad, incluida la capital homónima del estado.
“Agentes de esta Fiscalía trabajan en varias líneas de investigación y continúan con las indagatorias correspondientes donde analizan imágenes de cámaras de video vigilancia y se llevan a cabo entrevistas para recabar más datos de prueba necesarios para esclarecer y encontrar a los responsables de estos hechos”, precisó la dependencia.
Sin embargo, la violencia homicida no ha parado en la entidad gobernada por Indira Vizcaíno Silva ya que el fin de semana se reportó el hallazgo de tres bolsas con restos humanos afuera de un hotel de Manzanillo.
Los hechos violentos que se han desarrollado en la entidad son producto, según estimó la gobernadora, de una disputa interna entre miembros de un grupo delictivo que opera en esa región el cual presuntamente sería el Cártel Jalisco Nueva Generación.
De igual manera confirmó que se desplegaron más 3,000 elementos de seguridad, 600 de la Guardia Nacional, 350 de la Secretaría de Defensa, 350 de la Marina y más de 1,675 miembros de la policía estatal y municipal.
*Con información de El Economista