Llama la atención como un grupo de obnubilados abogados de no muy buenos antecedentes agrupados como una Comunidad Jurídica Unida por “la Justicia Pronta y Expedita” recientemente hayan despertado tocados por la vara mágica de la justicia y se dieran cuenta del añejo problema que aqueja a nuestro país donde reina la impunidad, en mucha medida debido a este tipo de abogados aprovechados y ligados al poder en turno.

Pero extraña aún más que en sus señalamientos al Poder Judicial de Colima, por no otorgar a los colimenses una justicia pronta y expedita, quieran hacerse ver pasar como héroes cuando sus cartas credenciales no los avalan como abogados de excelencia y aun así se autonombren redentores de la justicia y soldados combatientes de la impunidad.

Si quien proclama la “Justicia Pronta y Expedita”, fueran abogados de reconocido prestigio otro gallo cantaría, pero en este caso no, o simplemente la comunidad jurídica se equivocó al seleccionar al abogado Pablo Navarrete Zamora como su vocero, hombre que de la única fama que goza es la de ser un reconocido agiotista, negocio que le ha permitido lucrar con la necesidad de la gente de escasos recursos.

Su confrontación con el Poder Judicial no derivaba de la pretensión de la búsqueda justicia para evitar la penitencia que tienen que atravesar los ciudadanos para para alcanzarla. Y si está más claro que el agua de Zacualpan, que le está haciendo el trabajo sucio a su hermano Guillermo Navarrete Zamora, para convertirlo, con la venia de la 4t, en magistrado del Poder Judicial.

Guillermo Navarrete, compadre y abogado personal del exgobernador Mario Anguiano Moreno, funge actualmente como asesor de la segunda gobernadora mujer de Nuestra Colima, Indira Vizcaíno Silva, quien viene impulsando al abogado para que ocupe de nueva cuenta la magistratura presidencial del Tribunal Electoral del Estado, como premio a su lealtad y trabajo en materia electoral en los comicios locales pasados.

En ese ese simpático grupo luchador por la justicia, también se encuentra la abogada funcionaria del Poder Legislativo, la Secretaria General, Brenda Gutiérrez, ex alcaldesa panista de Villa de Álvarez, quien durante su gestión fue acusada por sus propios funcionarios municipales como responsable del desvió de recursos públicos de los villalvarenses, hoy ya reconvertida a la izquierda y al servicio de Morena, deja en claro que su objetivo no es el de resolver el problema de impunidad, sino que da a entender que recibe órdenes de la diputada presidenta del Poder Legislativo, Viridiana Valencia, de entrometerse en los asuntos internos de otro Poder que en este caso es el Judicial; lo que vuelve esto una afrenta más de carácter político y que rompe con los propios ordenamientos constitucionales de la autonomía de los tres poderes.

Y para rematar se encuentra el abogado Ángel Duran, quien se dice ofendido al ver como se gasta el dinero en el Poder Judicial sin que los ciudadanos reciban una atención pronta y expedita de justicia; pero lo mismo se puede decir de él y de su función como supernumerario del Tribunal Electoral del Estado, con cargo a los impuestos de los colimenses, ganando igual que un numerario y sin la misma responsabilidad, pero además sin resolver ninguna sola sentencia.

Está claro que estos abogados supuestamente consternados por la impunidad tienen más intereses políticos que en verdad buscar resolver el problema real que aqueja a los colimenses que tienen que esperar en algunos casos hasta años para poder acceder a la justicia; pues si esa fuera en verdad la preocupación desde sus trincheras tendrían que ser los primeros en impulsar para que el Poder Judicial de Colima deje de ser el que menos recursos reciba de los 32 poderes judiciales locales que existen en el país, en el entendido que si se tiene un Poder Judicial Pobre, en ese sentido lo que obtendremos es una justicia pobre.

Se dice que…

*Las limitaciones presupuestales que tiene el Poder Judicial, no exime a los magistrados de no cumplir lo mandatado por ley y busquen las acciones necesarias e implementen los mecanismos básicos para otorgar una justicia pronta y expedita; deben, además, hacer valer su voz como uno de los tres poderes en los que está dividido nuestro sistema político mexicano para exigir al Ejecutivo y al Legislativo los recursos públicos mínimos para operar en concordancia con las recomendaciones de organismos internacionales de combate a la impunidad para transitar a una procuración de justicia aprovechando los avances tecnológicos y aumentando el número de plantilla laboral en juzgados para abatir el rezago.

*La familia Navarrete poco ha logrado colocar en el gobierno de la Gobernadora “Nuestra Colima” Indira Vizcaíno Silva. Entre ellos se encuentra Ramsés Navarrete quien ahora y sin mérito alguno se encarga del Cerecito de Comala.


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