Desde el mes de junio de 2020, es que los diputados del Congreso del Estado están yendo tras los servidores públicos de diversas dependencias estatales y municipales que han incurrido en el presunto delito de desvío de cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado, pero hasta ahora ninguno de ellos ha sido encausado ante la justicia. El único que había interpuesto denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción, es el Sindicato de Trabajadores al Servicio del H. Ayuntamiento de Colima, recurso que acaba de ser secundado por la autoridad muncipal que ya ha hecho lo propio.

Al cerrar la pinza Administración Muncipal/Sindicato, ambas instancias van con todo tras los huesos del ex alcalde Leoncio Alfonso Morán Sánchez por haber supuestamente desviado decenas de millones de pesos de aportaciones patronales y de los trabajadores que debiera haberle depositado en tiempo  y forma al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL), pero también la parte sindical asegura tener “ pruebas contundentes de la venta de cuatro lotes propiedad del pueblo de Colima, que eran para equipamiento urbano y que los convirtió en lotes habitacional y comercial al darle cambio de uso de suelo, el expresidente Leoncio Morán, los vendió entre el 21 de julio y el 6 de octubre de 2021”, operación que le redituó  a Morán Sánchez 26 millones 367 mil pesos.

Hay que recordar que hace unas semanas el Oficial Mayor del H. Ayuntamiento de Colima,  Francisco Javier Rodríguez García, acusó a Leoncio Alfonso de haberle dejado una deuda de 52 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado de Colima (IPECOL), acumulando en total 108 millones pesos; también, otra de 7.2 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) “que puso en riesgo la prestación de servicios médicos para los trabajadores”; y una más de  1.9 millones de pesos para becas que desvió a gasto corriente.

A Morán Sánchez lo tienen ya encausado y deberá responder como hombrecito las graves acusaciones que sobre él penden por  los abusos, excesos y desviaciones en que incurrió durante su despeño al frente de la administración muncipal capitalino en el trienio 2018/2021. La gravedad de los delitos que se le imputan como servidor público es tal, que de nada le servirá el habérsele entregado en cuerpo y alma, con su franquicia partidista llamada Movimiento Ciudadano y sus dos diputados en el Congreso del Estado, a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. Pude ser que salve el juicio político en el poder legislativo local, pero no el penal que está en chino.

EL ACABO

*El diputado Héctor Magaña Lara, Coordinador Parlamentario del PRI en la Sexagésima Legislatura Local, tuvo a bien proponer ante el pleno del Congreso del Estado que el impago a trabajadores sea considerado como un delito y que al infractor se le imponga de dos a nueve años de prisión y una sanción económica de setenta hasta ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Si su iniciativa prospera, los patrones se la pensarán para meterle mano a la nómina.

*La diputada por el Partido Nueva Alianza, Miryam Gudiño Espínola, tuvo la genial idea de presentar  ante el Pleno del Congreso del Estado, el dictamen para declarar 2022, como el año de la esperanza, virtud teologal que, para el 2023, dará paso a la fe y el 2024 a la caridad, completando así la trilogía de estas virtudes teologales con las que espera mantener vivo el alicaído ánimo ciudadano a favor del gobierno de la Cuarta Transformación.

*Quizá porque la esperanza muere al último, la diputada Gudiño Espínola la mandó por delante de la fe y de la caridad. O tal vez  porque ve que el pueblo bueno de Colima está a punto de caer en el desaliento, la frustración y la fatalidad, convencido de que ni su gobernadora ni su presidente podrán sacarlos de la grave crisis de inseguridad, deterioro económico, ambiental y de salud, que lo tiene crucificado.

*Como  la iniciativa teológica fue aprobada sin chistar por los diputados integrantes de la LX Legislatura Estatal,  “toda documentación, correspondencia y papelería oficial que expidan los Poderes del Estado, los Órganos Autónomos Estatales, los Organismos Descentralizados del Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, deberá contener al calce de las hojas esta leyenda: “2022, año de la Esperanza”.

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