Denuncias penales, laborales y administrativas en contra del multimillonario gobernador del estado, José Ignacio Peralta Sánchez, van y vienen, sin que le quiten el sueño ni lo distraigan de su plan de escape hacia el primer mundo donde tiene a buen resguardo los ahorritos que acumuló a su paso por la alcaldía de Colima, la Subsecretaría de Comunicaciones del Gobierno Federal y la gubernatura de Colima, dinero bien habido que rechina de limpio. Sólo falta que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, lo incorpore a su gobierno como lo ha hecho con los ex gobernadores de Nayarit y Sinaloa, y pronto lo hará con el de Baja California.

El primero en amenazar con someter ante la justicia a Peralta Sánchez, fue el padre de la alternancia política en la gubernatura, Martín Flores Castañeda, quien en 1994 la inició al perder el primer distrito electoral de mayoría relativa, Coquimatlán. “Los burócratas ejercerán acción penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por fraude equiparado cometido por Peralta Sánchez al no enterar las Retenciones a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado de Colima. También interpondrán una demanda laboral ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón (TAE), por el impago de salarios y prestaciones a más de 3 mil trabajadores”, amenazó martincillo valiente. 

Luego vino la acción reivindicatoria emprendida la semana anterior por el Rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, después de sus fallidas gestiones de lograr que el gobernador se pusiera a mano ( 264 millones de pesos) con la Institución, también ha sido ante la misma Fiscalía Anticorrupción del Estado “a fin de que revise la gestión financiera del Poder Ejecutivo del Estado de Colima correspondiente al ejercicio fiscal 2021, para que se investiguen y persigan los hechos que han ocasionado el impago del subsidio estatal comprometido y presupuestado a favor de la Universidad de Colima por parte del Gobierno estatal”.

Tanto el sempiterno dirigente de los burócratas al servicio de la administración estatal como el Rector a quien ya le llegó la lumbre a los aparejos, pues de no recibir los recursos extraordinarios por 49 millones de pesos que tramita ante la Subsecretaría de Educación Superior, se le complicaría y retrasaría el pago de la segunda quincena de septiembre, deben esperar sentados las respuestas positivas  a sus justificadas denuncias, al menos hasta que arranque el próximo gobierno estatal encabezado por Indira Vizcaíno Silva.

Por la “falta de pago y atraso constante en el pago de sus pensiones”, la Asociación de Jubilados y Pensionados de Confianza del Gobierno del Estado, a través de su presidente Rafael Amador Badillo, ha decidido anteponer queja por una “clara violación a los derechos humanos de los integrantes de esta asociación” y denuncia penal en contra del mandatario estatal ante la Fiscalía General del Estado, en busca de justicia para “alrededor de 750 jubilados y pensionados”.

La feria de denuncias en contra del gobernador Peralta, incluidas las exigencias de enjuiciarlo políticamente,  viene a sustituir a la Feria de Todos Los Santos Colima 2021 que ha sido cancelada por segundo año consecutivo, y sólo servirá para que trabajadores en activo y pensionados se convenzan de por falta de empeño de sus líderes para exigirle a José Ignacio el pago de sus sueldos, prestaciones y subsidios, no queda. 

EL ACABO

*Para el agudo columnista Salvador García Soto,hay cuatro gobernadores de la oposición próximos a terminar sus encargos, que están en la mira del Presidente de la República y de la Fiscalía General de la República para investigarlos en cuanto pierdan el fuero constitucional que los protege: José Ignacio Peralta Sánchez, Colima; Silvano Aureoles Conejo, Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, Nuevo León; y Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas.

*Al bilingüe egresado del ITAM y Essex University, miembro de la clase ilustrada de Colima y Young Global Líder, según García Soto, “le están armando un expediente por temas de peculado y enriquecimiento. La gobernadora electa de Morena, Indira Vizcaíno Silva , estuvo hace unas semanas en la UIF para entregar una serie de documentos, expedientes y pruebas de que los recursos públicos fueron malversados en su estado y del patrimonio que, según la próxima mandataria que toma posesión del cargo el 1 de noviembre, acumuló el gobernador saliente”.

*Pesos contra centavos a que a José Ignacio, igual que a otros gobernadores y funcionarios públicos estatales ratas que lo antecedieron, nunca jamás lo alcanzará el tullido brazo de la justicia, y menos si se convierte a la nueva religión política cuatroteísta.

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