Queda poco más de un mes para que termine el gobierno de Nacho Peralta y los compromisos con respecto al impago a diversos organismos autónomos continúa, lo anterior pese a que también una parte de la responsabilidad la asumió el presidente López Obrador en su última visita a nuestra entidad. El pago de salarios a trabajadores de gobierno del Estado y al gremio de maestros lleva retraso considerable y no se diga el pago a las instituciones referidas.

Entre ellas está una que es sumamente importante para el desarrollo de nuestro Estado y que además impacta a miles de familias: la Universidad de Colima, cuyo rector Christian Torres Ortiz, luego de varios comunicados requiriendo la atención inminente del Ejecutivo estatal para resolver esta problemática (el adeudo a la universidad ascenderá pronto a 300 millones de pesos), se ha tenido que ver en la necesidad de formalizar dos demandas: una ante el Osafig (que busca desvelar qué se hizo con esa partida presupuestal aprobada para la institución educativa) y una más ante la Fiscalía Anticorrupción (con la finalidad de buscar a los responsable, en caso de haberlos, del posible mal uso de la partida presupuestal).

No creo, a estas alturas, que el gobernador Nacho Peralta pueda resolver la deuda del impago universitario, ni ninguna otra deuda que tiene a su encargo, pues de propia boca del Ejecutivo estatal nos enteramos de que  el gobierno del Estado está prácticamente en bancarrota, pero sí creo que dada la transición que se está dando del gobierno y de sistema y de lo involucrado que empieza a estar la gobernadora electa Indira Vizcaíno en los asuntos de interés público,  se pueda tener también una coordinación de su parte para saber en qué etapa del proceso se encuentra la resolución del impago que en breve empezara a impedir que la máxima institución educativa de nuestra entidad pueda llevar a cabo sus actividades sustanciales, sin afectar a casi treinta mil estudiantes, más de cuatro mil familias y, sobre todo, a las políticas públicas en las cuales la universidad tiene una participación trascendente.

El rector Tores Ortiz ha marcado una impronta en la forma en que está llevando una asunto tan crucial para el desarrollo de la propia institución: antes de salir a las calles a protestar (sujeto a un derecho que tendría por ley de manifestarse, sobre todo porque ha recibido explícitamente el apoyo de todos los sectores universitarios, entre ellos el propio Consejo, su órgano más importante de gobierno), el rector se ha decidido por la vía legal, creo yo que la de mayor peso en estas coyunturas.

Lo ha hecho respaldado igualmente por el Consejo y por gran parte de la sociedad y el mensaje que envía es que es realmente seria la necesidad de que a la universidad no sólo se le cumpla con el impago sino que se establezcan las medidas necesarias para que esta situación ya no se vuelva a dar en el futuro, de ninguna manera. Esperemos que la gobernadora electa Indira Vizcaíno, a quien seguramente le corresponderá resolver esta problemática, asegure para la Universidad de Colima un plan de certidumbre no solo financiera sino también moral de respeto a su autonomía,  y que esa relación de respeto y de mutua colaboración (como se ha dado hasta ahora, pese a los tiempos difíciles) sirva para reconstruir el porvenir de los colimenses en áreas tan álgidas como la propia educación, la seguridad y la salud. Estamos en una etapa de persecución de la inteligencia y la disidencia, pero esperemos que este no sea jamás el caso para un estado que lo que requiere es unión de esfuerzos y proyección hacia un futuro menos aciago.

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