El Congreso local aprobó elevar a organismo público descentralizado la Comisión General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico (Copip). Al ser dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión –señala el dictamen–, se garantiza el cumplimiento de la ley en esa materia. Y, para cumplir sus fines, deberá asignársele un presupuesto para el ejercicio fiscal del siguiente año.
La modificación del estatuto con el que fue creada la Copip, se deriva del estudio y análisis de dos iniciativas de reforma presentadas, respectivamente, por los diputados Vladimir Parra, de Morena, y Remedios Olivera de Movimiento Ciudadano. Pero lo que fue celebrado por los integrantes de la Legislatura como un avance, pronto sería cuestionado por juristas que escriben o comentan en los medios, como Ángel Durán, o líderes gremiales como Juan Ramón Negrete, presidente de la Federación de Periodistas Mexicanos.
La Fapermex solicitó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que presente una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico para el Estado de Colima. Lo que periodistas y juristas le reprochan a los diputados locales es haberle quitado la autonomía a la Copip, que con esa reforma pasará a depender de la Secretaría General de Gobierno en cuanto se publique el decreto.
La verdad es que no tendrían que esperar a que la acción de inconstitucionalidad prospere. Bastaría que el titular del Ejecutivo no la publique. Y razones para hacerlo hay de sobra, pero no son necesariamente las que esgrimen las organizaciones de periodistas y abogados suscribientes de la protesta.
 
REFORMA ENGAÑOSA

Convertir la Copip en un órgano público descentralizado no agradó a las agrupaciones de periodistas identificados con las administraciones del PRI, porque en los hechos el siguiente gobierno podría anular los propósitos políticos que subyacen en la intención de darle autonomía al organismo.
Al margen de que no se consultaron a los sectores involucrados, que nunca se convocó a foros donde se habrían escuchado las voces de los profesionales del periodismo, la Copip nació obsoleta. No responde a las exigencias de los trabajadores de la información y la opinión, ni mucho menos a las de los miles de colimenses que, gracias a las nuevas tecnologías, están incurriendo en prácticas de comunicación similares a las periodísticas.
El ecosistema de la comunicación social en Colima, como en el mundo entero, ha cambiado. Ya no es un entorno conformado exclusivamente por empresas mediáticas privadas (pero subsidiadas por el Estado como es frecuente en México) o públicas, sino por una multiplicidad de emprendimientos personales que están buscando un nuevo modelo de negocio.
Y lo que hemos visto en los años de existencia de la Copip es que los casos de agresiones, la mayoría mortales, no son contra periodistas de oficio sino contra los llamados periodistas ciudadanos. En tanto esta ley no defina claramente quiénes son los sujetos del derecho a la protección del Estado en materia de libertad de expresión, no será pertinente ni aplicable.
 
PULSIÓN INFORMATIVA

Fuera de un reportero de nota roja que suele romper los protocolos de cobertura de hechos policiacos, la agresión a periodistas en Colima no es un problema persistente como sí lo es en Veracruz o Sinaloa, por mencionar dos estados caracterizados por la violencia.
Sin embargo, entre los cientos de homicidios dolosos, posibles desapariciones forzadas o privaciones ilegales de la libertad que se cometen cada año en Colima, más de alguno de esos hechos delictivos debe haber involucrado a personas relacionadas con los medios de comunicación o figuras con fuerte presencia en las redes sociales. Lo que pasa es que no han sido investigados –ni siquiera planteados– como casos de agresiones a periodistas.
En los estados del norte, la agresión a periodistas a manos de criminales y de sus cómplices políticos generaron una serie de protocolos de seguridad, que van desde la decisión editorial de no publicar el nombre del reportero o el fotógrafo que cubrió un hecho de sangre presuntamente relacionado con el narcotráfico, hasta la decisión de autocensurarse y, simplemente, no cubrir la fuente policial.
Los escenarios de riesgo han cambiado. La pulsión informativa y, desgraciadamente, prácticas viciadas como usar la cobertura noticiosa como propaganda de un cartel en su guerra contra otra organización delictiva, se han trasladado a internet, concretamente a plataformas como WhatsApp, Facebook o Twitter.
Si en Colima el problema de las agresiones a los periodistas no está reconocido oficialmente, ¿por qué entonces crear una nueva burocracia que, además, como se sospecha pretende hacer las veces de un tribunal de la verdad?
En ese sentido, sorprende que haya tantos periodistas consumados que anhelen convertirse en burócratas. Algunos están más preocupados en asegurar el presupuesto para el pago de nómina y los gastos de oficinas para la Copip, que en establecer los protocolos de actuación. No pocos colegas ven el ejercicio periodístico como un asunto laboral, y con este formato de la Copip están buscando una sustitución patronal de los periódicos al gobierno del estado.
Los recursos públicos deben ser para que un periodista amenazado pueda recibir custodia, alojarse en una casa segura o salir del estado para salvaguardar su integridad y la de su familia. Lo que la ley en la materia debe desglosar no es si la Copip depende de una oficina de gobierno o de otra, o cuántos funcionarios públicos deben dictaminar los casos denunciados por periodistas que han sido amenazados o agredidos, sino cuáles serán las autoridades que deben brindar la protección, así como los mecanismos para la instalación de mesas de trabajo e investigación de los casos.
 
¿TRIBUNAL DE LA VERDAD?

Mueve a sospecha que busquen formar este tipo de organismos justo antes de que Indira Vizcaíno llegue al gobierno estatal. Tal como plantean la autonomía de la Copip, pareciera que la intención del gobierno de Peralta es dejar armado un ariete para golpear a Indira, y que la próxima gobernadora les pague a los periodistas afectos del viejo régimen para que le peguen.
La relación del gobierno con los periodistas debe ser universal, no mediante una estructura burocrática. En lugar de conformar un filtro, se deben de buscar los mecanismos para que los periodistas de a pie, no el directivo de medios o el reportero de la fuente de Palacio o el fotógrafo que cubre las giras del gobernante, puedan tener un acercamiento con la autoridad ante cualquier problema.
Por lo demás, más allá de los riesgos inherentes a la profesión, el principal problema de los periodistas es laboral; las más grandes injusticias las sufre como trabajador de las empresas de medios. Y los organismos gremiales tan activos en la protesta contra leyes que según ellos coartan la libertad de expresión, no han sido solidarios con sus agremiados en cuanto a obreros de la tecla. Los periodistas que trabajan en las empresas de medios tradicionales y también en algunos de los portales que tienen personal asalariado, no sólo no cuentan con prestaciones sociales, sino que en más de un caso les deben varias quincenas, meses e incluso años de sueldo.
Esta violencia laboral es la que deberían haber combatido las organizaciones gremiales desde hace muchos años. Quieren justicia para reporteros, pero nadie critica que mientras a propietarios y directores les va bien, el personal de redacción y talleres no cuenta con seguridad social ni pago oportuno.
Las asociaciones de periodistas que han estado denunciando a López Obrador por ejercer su derecho de réplica y, con ello, según la lectura que hacen de la mañanera organizaciones como Artículo 19 o la Sociedad Interamericana de Prensa, estigmatizar a periodistas y medios e instigar a la violencia contra ellos, no quieren ver que en Colima apenas vamos a salir de un régimen cuya característica principal ha sido la censura, no sólo a la prensa sino a la sociedad en general que se expresa a través de las plataformas digitales.

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